“El Estado firmó dos contratos de concesión”

El Estado de Honduras podría ser demandado por una compañía española que había firmado un contrato para la concesión de la represa de Nacaome, informó hoy, el ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y el Ambiente (Serna), Valerio Gutiérrez.

A finales de 2009, el entonces ministro de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), Rosario Bonano firmó un contrato de concesión de esta central hidroeléctrica con la compañía italo-hondureña Empresa Mercantil Hondureña Eléctrica, S.A. (Enasa), sin prever que el gobierno ya había suscrito un compromiso similar con inversionistas españoles.

Gutiérrez explicó que el contrato de concesión de la empresa española vence en 2011, pero es renovado con Soptravi cada dos años, de acuerdo a la Ley de Concesiones.

“Si hay un contrato vigente y firmamos otro que entra en vigencia también, habría una dualidad, por lo que existen problemas de demanda al Estado”, indicó el ministro de la Serna.

Lamentó que en el Congreso Nacional desconozcan que haya un contrato suscrito. Este poder del Estado aprobó el Decreto 293-2009, consistente en el contrato de concesión de la represa Nacaome con la compañía italo-hondureña, los últimos tres meses de la administración pasada.

También recordó que en el Consejo de Ministros del 19 de noviembre de 2009, sólo llegó una autorización, pero “el estudio de factibilidad debió haber sido entregado a una comisión económica de la Serna, Soptravi, Enee, Sag e Ina.

Por ahora dijo que solicitarán la publicación de La Gaceta en la que salió publicado el contrato de concesión de la represa Nacaome y las ediciones posteriores, para confirmar que efectivamente existe dualidad.

Sin embargo, el Estado podría hacer algo, a través de sus organismos contralores y el mismo Poder Legislativo podría derogar el decreto aprobado, además “cualquier ciudadano que se sienta afectado puede interponer un recurso de inconstitucionalidad”.

El Heraldo denunció la clonación de La Gaceta para disfrazar la polémica concesión. Ante la irregularidad, el Ministerio Público inició investigaciones con el fin de deducir responsabilidades.