Reactivan discusión de la Ley de Minería

El interés es atraer inversiones. La actividad minera mantiene congelados 350 millones de dólares en nuevos proyectos debido a la falta de una ley que regule la explotación minera.

En ese sentido, el Congreso Nacional reanudará la próxima semana la discusión y aprobación de las reformas a la Ley de Minería, cuyo proyecto ha sido retirado varias veces de la Cámara Legislativa debido al conflicto de intereses. Las reformas a la Ley de Minería serán nuevamente introducidas al plenario como muestra de la voluntad política de la actual Junta Directiva de ser aprobadas, declaró el vicepresidente y dirigente zelayista Marvin Ponce.

La nueva directiva del CN tiene en mente reactivar otros proyectos de ley que quedaron pendientes en la agenda que pasaron a formar parte de la mora legislativa.

Las reformas a la Ley de Minería contienen, entre lo más destacable, la eliminación de todos los escudos fiscales para las empresas mineras, por ejemplo el Impuesto Sobre la Renta y Sobre Venta a boca de mina, que le permitía a las transnacionales exportar toda la riqueza nacional sin aportarle casi nada al Estado, lo cual era muy cuestionado por diferentes sectores. Ahora estos impuestos se pagarán en forma normal.

Además, se creó un nuevo impuesto, el del Activo Neto, que no figuraba en la vieja Ley, pero ahora las mineras que quieran tener actividad sí lo pagarán, tal como sucede en otras naciones latinoamericanas.

Otro cambio es el porcentaje en el impuesto municipal, que en la antigua Ley se pagaba solamente el 1 por ciento, pero con las reformas se pagará un 12 por ciento, es decir, las comunidades como San Ignacio, muy afectada por la actividad minera de Entremares, ahora sí recibirán una retribución por los perjuicios causados al medio ambiente.

También se encuentra el aumento en el pago de los cánones territoriales, que antes era de entre 0.25 de dólar y 3.00 de dólar, pero con las reformas se establece de entre 5 y 15 dólares por hectárea durante la exploración, que aumentará a entre 100 y 150 dólares durante la etapa de explotación.

CN pide al Ejecutivo derogar “ley mordaza”

La secretaría del Congreso dirigió ayer una misiva al titular de Gobernación, Áfrico Madrid, en la que se le exhorta a que en la próxima reunión del Consejo de Secretarios de Estado pida la derogatoria de disposiciones que violan la libertad de prensa.

Se trata de un Acuerdo Ejecutivo que emitió el gobierno de Roberto Micheletti para controlar algunos medios de comunicación que durante la pasada crisis política hacían llamados a la insurrección.

El decreto, emitido el 5 de octubre de 2009 y publicado en el diario La Gaceta el 7 del mismo mes, faculta a Conatel "revocar o cancelar permisos y licencias a los operadores de medios de radiodifusión sonora y de televisión que emitan mensajes que generen apología al odio nacional, la afectación de bienes jurídicos protegidos, así como también un régimen de anarquía social en contra del Estado democrático llegando a atentar contra la paz social y derechos humanos".