Soptravi prepara informe sobre piñata de permisos

Las nuevas autoridades de Soptravi anunciaron ayer una investigación para determinar cuántos permisos para operar unidades de transporte se entregaron de forma ilegal y quiénes fueron los beneficiados.

EL HERALDO informó ayer, en exclusiva, que al menos 2,000 permisos de operación se entregaron en los últimos días de la gestión de Rosario Bonano al frente de Soptravi.

Según denuncias de diputados, estos permisos fueron otorgados a particulares (presuntos activistas), familiares de funcionarios y hasta empleados de la institución.

Fue tal la piñata, de acuerdo a los informes proporcionados a EL HERALDO, que una sola persona fue beneficiada hasta con 12 permisos.

El objetivo de las nuevas autoridades de Soptravi es preparar un informe detallado, el cual sería entregado a las autoridades competentes para que se deduzcan responsabilidades.

Los funcionarios habrían incurrido en varios delitos, entre ellos abuso de autoridad, ya que existía una veda decretada por el Ejecutivo para no entregar más permisos, considerando que el mercado está saturado, sobre todo en las principales ciudades.

Por la piñata que se dio en el otorgamiento de permisos, el entonces director de Transporte, César Quezada, fue destituido. Para sacarlo de sus oficinas fue necesaria la presencia de guardias de seguridad.

La destitución se dio, según las versiones, por desobedecer una orden del presidente Roberto Micheletti que pedía detener el reparto indiscriminado y arbitrario de permisos de operación.

Toman primeras medidas

Blas Ramos, director de transporte, confirmó que se prepara un informe sobre el total de permisos que se entregaron. "En este momento estamos iniciando una investigación que fue ordenada por el ministro, Miguel Pastor, a través de una comisión que coordina el viceministro, además de ser una comisión de transición", dijo Ramos.

Los miembros de la comisión son los que en los próximos días entregarán un informe completo y dictaminarán lo sucedido durante la administración anterior, expresó el entrevistado.

Una de las medidas más rápidas que se tomó fue la solicitud de suspensión de la firma y la emisión de certificados e incluso los automáticos.

Además se pidió al personal del departamento de certificados y permisos la elaboración de un censo sobre qué cantidad de documentos se han entregado a la fecha.

De forma posterior se procederá a analizar cada uno de los expedientes con el fin de analizar si han existido anomalías en la entrega de permisos.

"Nosotros contamos con un documento en relación a los trámites que se realizaron, pero no es oficial, por lo que se decidió iniciar una investigación minuciosa", dijo.

Los requisitos legales contemplan la entrega de una solicitud del permiso de operación, y estudio económico y de factibilidad sobre la zona donde operará la unidad, entre otros.

Según Miguel Pastor, ministro de la Secretaría de Obras públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), se ha solicitado a las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) una auditoría en la institución con la finalidad de conocer las condiciones en que se encuentra.

Por otra parte se pedirá a los miembros del Congreso Nacional la aprobación de una veda, presuntamente de cuatro años, en la extensión de los permisos de operación.

Protesta

El escándalo motivó a que ayer grupos de taxistas emprendieran una marcha por las calles de La Ceiba para presionar por la derogación de los permisos irregulares entregados a diestra y siniestra en esta ciudad.

La petición se la elevaron al ministro Miguel Pastor para que anule centenares de números asignados en La Ceiba.

"Estamos enardecidos por esa política nefasta y sucia que han venido manejando dirigentes de alto nivel del transporte aliados con presidentes de puntos (de taxis) y con políticas inescrupulosas", expresó el dirigente Diógenes Orellana.

De acuerdo al dirigente, por el exceso de taxis que prestan el servicio colectivo, en la actualidad no alcanzan a hacer ni la tarifa diaria.

El afectado señaló que si las autoridades del transporte no buscan una solución se tomarán todas las carreteras y extenderán la medida de presión el próximo lunes.

El sector transporte en Honduras es un problema que parece sin solución ya que se conjugan diversos intereses, situación que a su vez convierte al rubro en controversial y polémico.

Unidades del transporte a nivel nacional

La flota de taxis que circula de forma legal en el país supera los 23 mil, aunque se estima que existe una cantidad significativa de vehículos que funcionan de forma clandestina.

De los taxis brujos y con duplicidad de número aún se desconoce su total, pero de acuerdo a las nuevas autoridades, se iniciará "una limpieza" para sacar de las calles a este tipo de vehículos.

Las principales ciudades del país, como Tegucigalpa y San Pedro Sula, son las que en su mayoría presentan problemas de taxis con dualidad de números.

Las unidades que laboran de forma irregular circulan por lo general en horas de la noche o en colonias de difícil acceso. El total de buses que cubren la ruta urbana es de 12 mil unidades y en la ruta interurbana se cuenta con unos 5 mil, según los registros de la Dirección de Transporte.