Colapso financiero enfrentaría el FHIS por millonaria demanda

El pago de una demanda multimillonaria acabaría con la existencia del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).

Tras 11 años, la reparación de los daños causados por el huracán Mitch está cobrando factura. El caso se remonta al 9 de junio del año 1999, cuando el gobierno de la República, a través del FHIS, firmó un convenio de donación con el gobierno de Estados Unidos, por medio de la USAID, programa No 5220410.

El convenio se suscribió para que Honduras dispusiera de una fuente de financiamiento del Programa de Reconstrucción en ocasión del desastre ocasionado por Mitch.

El programa comprendía reconstrucción de caminos, puentes, agua potable y saneamiento. Para la ejecución el FHIS promovió licitaciones públicas internacionales adjudicando dos contratos a la empresa estadounidense DRC Inc.

El primero suscrito el 21 de junio de 2000 por 17.6 millones de dólares y el segundo el 29 de diciembre de 2000 por 8.3 millones de dólares.

El primer contrato fue cumplido a cabalidad, sin embargo, el FHIS incurrió involuntariamente en irresponsabilidad contractual por incumplimiento de pago ante la empresa DRC Inc., en vista de que la USAID incumplió pagos a dicha empresa.

Los contratos se formalizaron conforme a las reglas sugeridas por la USAID, de "Contrato de País Anfitrión", básicamente referidas a que los pagos los efectuaría la USAID al contratista.

El gobierno de Honduras suscribió el contrato confiado en que la USAID cumpliría su función de pagar los contratos, según la versión que manejan las autoridades del FHIS.

Demanda

A raíz del incumplimiento del USAID, la compañía DRC Inc., en fecha 20 de abril del 2009, interpuso una demanda arbitral contra el FHIS por 121,841,197 millones de dólares.

Producto de dicha demanda resultó un laudo arbitral internacional condenatorio en contra del gobierno de Honduras por 51,482,556.90 millones de dólares. Conforme a las bases del país anfitrión, el fallo del laudo arbitral fue remitido al USAID para su respectivo pago, sin tener a la fecha respuesta.

Desde 2002, las entonces autoridades hondureñas habían logrado un compás de espera para evitar la demanda arbitral, con la promesa de encontrar una solución con autoridades estadounidenses.

De lo anterior fue puesto en conocimiento al embajador de los EUA, Hugo Llorens, en una nota supuestamente girada por Octavio Pineda Espinoza, asesor legal externo del FHIS.

"Se ha hecho caso omiso a nuestras peticiones de ayuda económica para enfrentar judicial o en arbitraje la problemática generada por el propio USAID", expone Pineda en la nota.

Piden desconocer sentencia

El laudo no está firme porque tiene que ser reconocido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través del Centro de Justicia Civil.

Al respecto el ex director del FHIS, Carlos Banegas, expuso que presentaron acciones enmarcadas en ley para que la Corte Suprema de Justicia desconozca el laudo arbitral y que el pleito se siga en Washington, así como se interpuso en primera instancia.

Aunado a eso, el FHIS enfrenta acciones judiciales de embargo por parte de la compañía DRC Inc.; asimismo, enfrenta una nueva demanda arbitral por la suma de 32,918,610 millones de dólares.

A principios de semana y durante la reunión de coordinación entre los presidentes de los poderes del Estado, Porfirio Lobo Sosa giró instrucciones para que se analicen todos los casos en los que el Estado está demandado, de manera que se pueda llegar a negociaciones que redunden en beneficio económico para el país.

FHIS asumió su propia defensa: Procuraduría

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) asumió su propia defensa en esta demanda. El FHIS es una institución estatal semiautónoma con personería jurídica, por tal razón cuenta con sus propios abogados y la Procuraduría General de la República (PGR) no la representa contestando demandas interpuestas en su contra.

"La ley del FHIS dice que ellos tienen su propia personalidad jurídica, en base a eso a ellos les corresponde comparecer ante los órganos jurisdiccionales en defensa de los intereses del FHIS", manifestó la procuradora general Ethel Deras.

Es al director ejecutivo del FHIS a quien le corresponde la representación legal, explicó. La demanda fue dirigida contra el titular de esa entidad, la cual fue sometida a un arbitraje designándose al Colegio de Abogados de Honduras (CAH).

"Aun con esto la Procuraduría General de la República, con su deber de defender los intereses del Estado, estamos en la obligación de verificar que efectivamente los intereses del Estado sean defendidos de la mejor manera", manifestó.

Es por tal razón que la PGR se ha legitimado para conocer el contenido de este proceso que de manera arbitral se llevó a cabo. Con su intervención, la PGR busca asesorar al Poder Ejecutivo sobre la manera en que mejor se puede desenvolver este asunto, sin afectar grandemente los intereses económicos del Estado.

"De eso estaremos vigilantes y a la expectativa", aseguró la procuradora. La demanda fue definida por un laudo arbitral en septiembre del año anterior.

"Tengo entendido que hay un nuevo director del FHIS (Tito Asfura), a él le tocará nombrar a su cuerpo de abogados para que en representación del FHIS ejercite la defensa", dijo Deras.