Revisión de contratos será minuciosa para evitar demandas contra el Estado

Varios contratos de ampliación presupuestaria para la ejecución de obras de construcción y supervisión de infraestructura suscritos por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), el Fondo Vial y Soptravi fueron súper valorados y se exponen a ser anulados.

Así lo reveló el diputado del partido Innovación y Unidad (Pinu) German Leitzelar al detallar sobre el contenido de un informe preliminar acerca de la revisión de los decretos aprobados por el Congreso Nacional en las últimas sesiones de 2009.

Fueron contratos suscritos en el gobierno Micheletti.

Según los datos extraoficiales, cada obra fue sobrevalorada hasta en un 30 por ciento y en esta categoría entran programas y proyectos como obras públicas del FHIS, la supervisión de obras contratadas por Soptravi, así como las consultorías "amañadas", muchas de ellas otorgadas a empresas de maletín.

Leitzelar explicó que todos aquellos contratos que no tengan base presupuestaria tendrán que ser revisados y si es posible anulados.

En cuanto a los demás contratos, la comisión del CN propone una nueva revisión y si tienen problemas serán devueltos a sus respectivas dependencias y determinar el interés social de las obras para verificar si procede o no continuar con su ejecución o por el contrario seguir el proceso de anulación.

El subcoordinador del Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh), Raf Flores, sostiene que por el momento no se ha ponderado el daño que causarán a las finanzas públicas todos los contratos presuntamente viciados que suscribió el gobierno anterior.

La comisión legislativa que nombró la directiva del Congreso Nacional, en su informe preliminar, asegura que la principal fuga de recursos está en las obras de infraestructura y en la supervisión de las mismas.

Ponce afirmó que aparte de estos contratos, puede haber otra cantidad que no pasaron por el poder legislativo, sino que fueron firmados a nivel del Ejecutivo.

El contrato más polémico y que se encuentra en análisis a nivel de una comisión que estudia un proyecto de decreto para dar paso a su anulación se refiere al concesionamiento de la central hidroeléctrica de la represa de Nacaome.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, aparte de estar plegado de irregularidades, el contrato suscrito por Soptravi con el consorcio italo-hondureño (Electrificadora de Nacaome, SA) es lesivo a los intereses del pueblo.

Por su parte, el diputado liberal Gonzalo Rivera manifestó que la revisión de los contratos aprobados durante los últimos meses del pasado gobierno no deben afectar los programas de desarrollo en comunidades necesitadas.

Y es que varios de estos contratos se ampliaron precisamente para evitar su paralización después de la crisis del 28 de junio.

En los días posteriores, los organismos financieros internacionales decidieron suspender los financiammientos, por lo que desde el Ejecutivo se ordenó continuar las obras con fondos nacionales. Rigoberto Chang Castillo expresó que por eso se hará una revisión minuciosa de cada contrato para evitar futuras demandas.