CAH pide anular creación de Instituto del Notariado

La junta directiva del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) solicitó ayer a Gobernación y Justicia la anulación de la personalidad jurídica que revive el Instituto Hondureño de Derecho Notarial (Inhden).

El escrito lo formalizó la fiscal del CAH, Carmen Lilian Orellana, ante la secretaría de dicha entidad estatal.

De acuerdo a los hechos, el pasado 25 de enero, a dos días de vacar el anterior gobierno, las entonces autoridades de Gobernación aprobaron conceder la personalidad jurídica al Inhden.

Los directivos del CAH cuestionan que el Inhden había sido derogado hace cuatro años por el Congreso Nacional mediante un decreto legislativo No 077-2006, ya que ocasionaba perjuicios económicos al CAH en la venta de timbres y certificados de autenticidad.

El Inhden fue derogado con la creación del nuevo Código del Notariado, como medida para garantizar la estabilidad financiera del CAH. Asimismo, los directivos del CAH aseguran que la personalidad se habría otorgado en forma irregular, por lo que piden sea anulado.

"Se presenta una nulidad a la resolución que emitió la Secretaría de Gobernación y Justicia en vista que esta institución (Inhden) ya no existía. Lo hago en mandato a una disposición de la junta directiva", manifestó la fiscal del CAH.

La personalidad jurídica que revive al Inhden se aprobó el pasado 25 de enero por el hoy ex ministro de Gobernación, Óscar Raúl Matute.

"Fue en un solo día que se hizo todo; la aprobación, la resolución, la certificación de la resolución, la notificación, la entrega y publicación de los estatutos, todo, todo.

El acto causa un enorme perjuicio a todos los agremiados del Colegio de Abogados de Honduras", cuestionó. Se otorgó la personalidad con el mismo nombre que la asociación tenía el que había sido derogado.

"Seguimos sosteniendo que fue en forma irregular que se hizo", añadió. La solicitud de personalidad jurídica la entabló José Antonio López Sanabria.

Respuesta

En la junta directiva del CAH existe la confianza que Gobernación y Justicia revoque lo resuelto por las anteriores autoridades de esta entidad estatal.

"Nosotros esperamos que (la acción de nulidad) se resuelva en base a derecho, tenemos la plena seguridad que las nuevas autoridades (de Gobernación) retomarán el expediente, lo revisarán y obviamente resolverán a favor del Colegio de Abogados de Honduras porque nos asiste ese derecho", afirmó la fiscal.

Los directivos esperan una pronta resolución a su petición, en el sentido que le establezcan sus derechos.

Descalabro

Al revivir el Inhden están en juego cantidades millonarias que pondrían en precario las finanzas del CAH, específicamente en el sistema de previsión de sus agremiados.

Al surgir de nuevo el Inhden "pone en peligro la estabilidad financiera del Colegio de Abogados y por ende los intereses de los agremiados", advirtió.

Solo en cuatro meses se generan unos 20 millones de lempiras por concepto de venta de timbres y certificados de autenticidad, que con la creación del Inhden el CAH dejaría de percibir.

Los directivos sostienen que el CAH le corresponde por ley y en forma exclusiva la generación de la venta de estas especies fiscales.

Según al CAH al Inhden no le corresponde legalmente este derecho. "Son propiedad de todos los agremiados del Colegio de Abogados de Honduras, pasan al fondo de previsión", enfatizó. En el CAH existe una filiación aproximada a los 12 mil profesionales del derecho.

Todo fue legal: Matute

El ex ministro de Gobernación y Justicia, Óscar Raúl Matute, aseguró ayer que la personalidad jurídica al Inhden se otorgó porque se cumplió con los requisitos legales.

Por este caso, la directiva del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) denunció a Matute ante el Ministerio Público (MP), para que sea investigado por la supuesta comisión de ilícitos penales.

"Estamos plenamente conscientes que no hay una actitud dolosa en el otorgamiento de una personería jurídica", aseguró en Televisión Educativa Nacional. A su criterio, lo que se está disputando es el manejo de los recursos por la venta de timbres y certificados de autenticidad que extienden los notarios, que se debe debatir en las instancias judiciales.

"Es un acto de torpeza", dijo Matute, en relación a la denuncia.

"Lo digo con absoluta tranquilidad y seguridad, si esta gente que fue a formalizar esa acción al MP no la retira inmediatamente y hace una disculpa pública, me obliga por honor, dignidad y profesionalismo a incoar acciones penales y civiles contra los que lo han hecho", apuntó.