Comisión investigará anomalías en contratos

Decenas de empresas de "maletín" ganaron mil millones de lempiras al obtener irregularmente contratos de construcción y mantenimiento de carreteras que no cumplieron.

La noticia confirma lo que EL HERALDO reiteró una y otra vez en el 2007, en sus series de investigación.

Ayer, funcionarios de Soptravi, empresarios de la construcción y entes contralores decidieron conformar una comisión para frenar este abuso que dejó millonarias pérdidas e impunidad.

El diputado Miguel Ángel Gámez afirmó que, luego de publicadas las denuncias de EL HERALDO, le dijo al ex director del Fondo Vial, Ramiro Chacón, que no suscribiera esos contratos porque esas empresas no cumplían los requisitos, pero este contestó esos contratos se le enviaron de la Dirección de Carreteras para aprobarlos.

"Él (Chacón), como director, tenía la autoridad para hacer la categorización, o sea una precalificación para que sirviera de colador y que las empresas que no cumplían no podían tener acceso a contratos".

Destruidas

El reflejo de que las compañías de "maletín" no tenían la capacidad de ejecutar las obras se ve reflejado en el mal estado en que se encuentra la red vial del país, se quejó el legislador.

Conminó a los órganos contralores a investigar estas anomalías y a deducir las responsabilidades a los culpables.

Por otro lado, el ministro de Soptravi, Miguel Pastor, informó que en la sesión de ayer se decidió conformar una comisión interinstitucional que indagará el por qué los retrasos en la ejecución de obras y si algunas ampliaciones de contratos se hicieron de forma legal.

La comisión estará integrada por miembros del Colegio de Ingenieros de Honduras (CIH), Cámara Hondureña de la Construcción, Tribunal Superior de Cuentas, Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), entre otros.

Los comisionados irán a verificar el estado de las obras y revisarán la documentación de los contratos ampliados como parte de sus diligencias investigativas y luego, de encontrarse anomalías, se pedirá que los convenios sean anulados.

Ante la posibilidad de que las constructoras a las que se les anule el contrato demanden, Pastor dijo que existen mecanismos para proteger al Estado.

Representantes de unas 25 empresas constructoras expusieron en la reunión las razones de los retrasos en la ejecución de las obras, entre estas que no han recibido los pagos del gobierno.

Respecto a los contratos recientes, aprobados en las últimas sesiones del Congreso, dijo que se investigará si las ampliaciones se dieron por la carencia de recursos de la comunidad internacional.

La orden del Ejecutivo fue no parar los proyectos, aunque se tuvieran que financiar con fondos internos.