Gobierno de Honduras contestará a Zelaya

El gobierno de Honduras formó una comisión interinstitucional para contestar las denuncias del ex presidente Manuel Zelaya Rosales, destituido constitucionalmente el 28 de junio pasado por violar la Constitución de la República.

La comisión está integrada por abogados de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y las Fuerzas Armadas de Honduras.

El sub procurador del Estado, Ricardo Rodríguez, dijo que Honduras tiene suficientes argumentos jurídicos para defenderse de la demanda interpuesta por el ex presidente Zelaya ante la CIDH.

"El ex presidente Zelaya es un irresponsable al recurrir a instancias internacionales para dañar la imagen del país, que siga ganando dólares en Petrocaribe", criticó Rodríguez.

El alto funcionario hondureño se refirió al nombramiento de Zelaya como coordinador en jefe de Asuntos Políticos de Petrocaribe, por parte del presidente venezolano, Hugo Chávez.

Por ahora se prepara una contestación para desvirtuar lo que se argumenta ante ese organismo internacional. El documento se presentará el 26 de marzo. "Demostraremos que todo se hizo en base a ley y no hubo violación de los derechos humanos, sino aplicación de la justicia".

Uno de los argumentos con que se cuenta es que el ex mandatario no agotó el derecho interno, ya que sus representantes legales no han presentado ninguna demanda en Honduras.

Por su parte, Rigoberto Espinal Irías, ex juez de la Corte Interamericana de Justicia, dijo que la única conducta que debe seguir un Estado cuando hay denuncias o demandas en su contra, por alguna violación, es proceder de la manera más objetiva y más apegada a la verdad de los hechos.

Sugirió que en este caso se nombren los mejores profesionales para que examinen los hechos y fundamentos de esa demanda ante la CIDH, para dar una respuesta objetiva, real y veraz a la denuncia interpuesta.

Espinal Irías advirtió que “si el Estado no actúa, puede ser sancionado por haber sido negligente, por no haber puesto interés en proteger el derecho lesionado”.

Según Espinal Irías, “el agotamiento de los recursos no es un concepto amplio o absoluto; para la Corte el agotamiento de los recursos es aquel procedimiento rápido y sencillo que tuvo el interesado para poder defender su derecho”.

Por su parte, la fiscal Especial de los Derechos Humanos, Sandra Ponce, advirtió de las responsabilidades del Estado, si no responde a la demanda presentada por el ex mandatario Manuel Zelaya Rosales.

Según Ponce, toda petición que se presenta ante el sistema interamericano por presuntas violaciones a los derechos humanos tiene la posibilidad de dañar al país, si la justicia nacional no da una respuesta oportuna o una respuesta eficaz.

“El Estado siempre tiene la posibilidad de proteger los derechos en el ámbito nacional, de investigar las situaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos, sino quiere enfrentar una responsabilidad internacional”, dijo.

El procedimiento de la CIDH contempla que se conozca de la petición, que le informe al Estado de Honduras y esté a su vez que se pronuncie y en función a esta información la CIDH puede decidir la admisibilidad o no, este seria la primera etapa del procedimiento.

Si el caso es admitido, la CIDH comienza a valorar en el fondo si efectivamente las violaciones se han producido o no, después que se valora, hace recomendaciones al Estado sobre las medidas que debe adoptar para restituir los derechos y para investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos.

En el caso que el Estado no cumpla con las recomendaciones en el plazo que la CIDH le asigne, este organismo puede tomar la decisión de publicar el informe y de demandar a Honduras ante la Corte Interamericana.

Será la Corte Interamericana la que va a declarar en definitiva si las violaciones se han producido o no, será quien decidirá si Honduras es responsable o no, y la condena a pagar una indemnización por los derechos que ella misma declare que han sido violentados.

Según informes, Zelaya Rosales y los ex ministros Enrique Flores Lanza, Patricia Rodas, Rixi Moncada, Rebeca Santos, el ex secretario privado del ex gobernante, Enrique Reina, y el ex presidente del Banco Central, Edwin Araque, piden en un escrito a la CIDH que se sentencie a Honduras por los hechos ocurridos el pasado 28 de junio.

Solicitan además una indemnización económica, sanción disciplinaria y penal contra los responsables de su derrocamiento y restablecimiento de la democracia a través de la convocatoria e instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.

Además, que se adopten medidas conservatorias urgentes a su favor, suspensión inmediata de las órdenes de captura y que se solicite a la Corte medidas provisionales a favor de Zelaya, su familia y ministros.