Honduras
El presidente Porfirio Lobo recibió ayer los nueve informes del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que ponen al descubierto las irregularidades en el sistema de pago a los maestros.
Los documentos fueron traslados al titular del Ejecutivo luego de que EL HERALDO revelara, la semana anterior, que los informes permanecían engavetados en las oficinas de la Secretaría de Educación.
Se trata de nueve informes de investigación que fueron hechos entre 2007 y 2009, que revelan la pérdida de más de 1,300 millones de lempiras del Estado hondureño por pagos indebidos a los maestros.
Según los documentos titulados "Auditoría de puestos y salarios del recurso humano docente del sistema educativo nacional", el Estado ha venido pagando de forma irregular beneficios a maestros, como calificación académica, horas clase, zonaje y antigüedad.
"El ministerio de Educación tiene pleno conocimiento de estos informes y yo hoy (ayer) al mediodía le pasé una copia al señor Presidente para que esté informado también de ese informe que se mandó al ministerio de Educación", manifestó Miguel Ángel Mejía, magistrado presidente del TSC.
Los informes señalan que en el sistema educativo hay maestros que reciben el colateral de zona de trabajo (frontera) sin prestar sus servicios en los departamentos que tienen línea fronteriza en el país.
Las pérdidas del Estado por esta irregularidad superan los 89 millones de lempiras.
Los documentos evidencian la existencia de profesores que gozan del beneficio de la calificación académica sin haber acreditado el título del grado superior.
Otros docentes reciben el pago de la calificación académica según su número de plazas, un hecho que ha causado la pérdida de 492 millones de lempiras al Estado, según el TSC.
Transparencia
"Yo creo que en esto recuerden que el TSC hace la investigación y hay un procedimiento ya establecido que se sigue para determinar la acción; en el caso del poder Ejecutivo, estamos muy dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario para que contribuyamos en firme a lo que es el buen uso de los recursos públicos y a la transparencia", manifestó Lobo Sosa.
La copia de los nueve informes fue entregada ayer en una visita de "Pepe" a las oficinas del TSC, donde los funcionarios de gobierno hicieron oficial su declaración jurada de bienes.
Los nueve informes habían sido entregados una parte al ex ministro de Educación, Marlon Brevé, y otra al ex secretario Santos Elio Sosa, pero ambos decidieron engavetarlos por presuntas presiones de la dirigencia magisterial.
El pasado viernes el secretario de Educación, Alejandro Ventura, anunció que giraría instrucciones a los 18 directores departamentales de Educación del país para que investiguen las irregularidades que se estarían cometiendo en el sistema de pago a docentes.
Según Ventura, las direcciones departamentales de Educación son las responsables de seleccionar, nombrar y cambiar profesores en el sistema educativo nacional.
"Para sanear el sistema educativo en base a las denuncias que hay de parte del Tribunal Superior de Cuentas, nosotros vamos a girar instrucciones a todos los 18 directores departamentales para que ellos procedan a realizar las investigaciones correspondientes, porque nosotros no estamos de acuerdo en que se le paguen algunos colaterales a maestros si no tienen los requisitos", manifestó el titular de Educación.
Los nueve informes fueron elaborados por más de 200 auditores encuestadores contratados por el TSC para visitar unos 12 mil centros educativos en todo el país, donde se logró auditar a unos 50 mil profesores de prebásica, básica y media.
"El propósito es que se emitan las medidas correctivas porque no podemos continuar cayendo de error en error", apuntó el magistrado presidente del TSC.
Docentes dicen que no son culpables
Los miembros de la dirigencia magisterial señalaron en las últimas horas que si hay irregularidades en los pagos son responsabilidad del gobierno.
Según los docentes, es el gobierno el responsable de contratar, administrar y pagar los salarios de los docentes que se desempeñan en el sistema educativo nacional.
"Quien administra el sistema de recursos humanos no son los profesores, no lo hacen las organizaciones magisteriales, lo hace el gobierno", manifestó Edwin Oliva, presidente del Colprosumah.
Aunque la administración del recursos humano docente está a cargo del Estado, varios sectores sostienen que la influencia y las presiones de la dirigencia magisterial han contribuido a que haya irregularidades a través de las diferentes direcciones departamentales de Educación.