Cohep advierte riesgo de inversión en Honduras

El ex presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Amílcar Bulnes, advirtió este viernes del grave riesgo que existe para la inversión nacional y extranjera, si el Estado no soluciona el conflicto de tierras en el Bajo Aguán.

El representante del sector privado aseguró que los campesinos que mantienen tomadas 4,500 hectáreas de terreno en el Bajo Aguán, no tienen los recursos para adquirir armas de grueso calibre, como las que se han usado en el conflicto por la tenencia de éstas tierras.

“Es necesario que se revise la política estatal respecto a la dotación de tierras a los campesinos en el área rural, para así solucionar la problemática que se ha mantenido durante varios días en el Bajo Aguán”, indicó.

En las 4,500 hectáreas de tierra en disputa hay plantaciones de palma africana y plátanos. Las fincas son propiedad del empresario Miguel Facussé, quien denunció esta semana que en las invasiones hay infiltrados extranjeros, entre los que hay cubanos y nicaragüenses, estas personas podrían ser estar apoyados por las autoridades del Instituto Nacional Agrario (Ina). Facussé ha pedido la intervención del Ejército y la Policía Nacional.

El Poder Ejecutivo nombró una comisión que deberá investigar y solucionar la grave situación ocasionada por la tenencia de tierras en el Bajo Aguán.

La comisión será coordinada por el designado presidencial, Samuel Reyes, y la integrarán el titular del Instituto Nacional Agrario (INA), Cesar Ham; el secretario de Defensa, Marlon Pascua; el secretario de Seguridad, Oscar Álvarez, y el titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Jacobo Regalado.

Para completar la comisión falta el nombramiento de dos representantes de las iglesias Católica y Evangélica, dos representantes campesinos y dos figuras de alta notoriedad en el país que acrediten los acuerdos que suscriba la comisión.

Los campesinos que mantienen tomado unas 4.500 hectáreas de tierra en el Bajo Aguán, están dispuestos a dialogar con la comisión que terminará de nombrar el gobierno, a fin de buscar una salida al conflicto por la tenencia de tierras.