Crisis debe solucionarse pronto y con prudencia

El gobierno está consciente de que el problema agrario que hay en el Bajo Aguán debe ser solucionado lo más pronto posible, con prudencia y en base a ley, dijo ayer el ministro de Agricultura y Ganadería, Jacobo Regalado.

El funcionario, como representante de la Comisión Especial nombrada por el Ejecutivo para buscarle una solución al problema, tuvo una reunión de acercamiento con dirigentes de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (Anach).

Los dirigentes le dijeron que su posición es inclaudicable, que prefieren la muerte antes de que se les niegue su derecho a recuperar las tierras que, según ellos, fueron adquiridas ilegalmente por el empresario Miguel Facussé, con el visto bueno de las autoridades del Instituto Nacional Agrario (INA).

La reunión del titular de la Sag con parte de los campesinos que protagonizan la crisis se produjo un día después de que unas 160 hectáreas cultivadas de palma africana, propiedad de Facussé, valoradas en unos quince millones, fueran víctimas de las llamas.

El conflicto ya provocó seis muertos, consecuentemente, urge una solución.

El ministro de Agricultura dijo que el gobierno mantiene como una probable solución la compra de las tierras en poder de los campesinos agrupados en el Movimiento Unificado Campesino del Aguán.

Las negociaciones para ponerle fin a la crisis deben desarrollarse en un marco de "tranquilidad, cordialidad y diálogo", de tal manera que "podamos encontrar la salida que sea justa, pacífica y que esté dentro del marco de la ley", dio Regalado.

"Esto debe ser producto del diálogo, tiene que ser del ingenio, voluntad y trabajo que todos los sectores pongamos. La solución debe ser a corto plazo. El gobierno está trabajando con prontitud, pero con prudencia", añadió.

Precisó que las instrucciones del presidente Lobo Sosa son puntuales: "evitar que ninguna gota de sangre de cualquier compatriota se derrame".

El presidente de la Anach, Víctor Bonilla, reconoció que las tierras en poder de los campesinos en el Bajo Aguán son propiedad del empresario Miguel Facussé, pero él las compró a un reducido grupo de dirigentes campesinos que violaron las personerías jurídicas de las cooperativas y no tomaron en cuenta la opinión de los demás.

El gobierno ha integrado una comisión especial para buscar una solución al conflicto. César Ham ha dicho que estas tierras deben ser entregadas a los campesinos, pero otros funcionarios del gobierno han dicho que debe investigarse toda esta situación.