Controversia por supuesto bono en lugar de dispensa

A juzgar por declaraciones de los mismos diputados, la eliminación de las dispensas podría resultar onerosa para las arcas del Estado.

Y es que, para compensar a los diputados por el uso de los vehículos, ya se piensa en asignar una bonificación mensual, dinero con el cual los parlamentarios podrán pagar las cuotas de carros nuevos que adquieran o sufragar los gastos de combustible de los que ya tienen.

Carlos Martínez ayer ratificó su denuncia en el sentido de que le ofrecieron 12,000 lempiras mensuales por renunciar a la dispensa. Además recibirían un "plus" por depreciación de vehículos, lo que significaría una erogación por diputado de alrededor de 20,000 lempiras, según la denuncia.

Varios diputados se manifestaron a favor de derogar las dispensas, pero a la vez advirtieron que para las labores legislativas usan carros de su propiedad. Algunos alegan que los destruyeron en campaña.

Ayer, el secretario del Congreso Nacional, Rigoberto Chang Castillo, afirmó que se ha sido absolutamente transparente en este proceso y desmintió la existencia de sobornos a cambio de apoyar la derogatoria.

Los jefes de bancada del Partido Nacional, Celín Discua; del Partido Liberal, José Alfredo Saavedra; e incluso el zelayista Marvin Ponce negaron que exista ese ofrecimiento de parte de las autoridades del Congreso Nacional.

Los diputados, al cierre de la sesión del martes, aprobaron una moción del pinuista German Leitzelar orientada a que todos los diputados que renunciaron a la dispensa firmen el acta de la sesión y pidió que al momento de la votación los que estuvieran a favor se pusieran de pie.

Para constancia histórica, la mayoría absoluta lo hizo, salvo Martínez, que pidió a la directiva que se insertara en el acta su voto en contra de la referida moción.

Las dispensas constituían una pesada carga para el fisco. Los diputados tenían derecho a introducir, libre de impuestos, dos carros en un período de cuatro año.

Eso significa que alrededor de 512 carros (de 256 diputados propietarios y suplentes) podían entrar al país sin pagar el impuesto de importación, que oscila entre 10 y 15%, el impuesto selectivo al consumo, de entre 10 y 20 por ciento, y el impuesto sobre ventas, de 12 por ciento.