Piden crear un consejo de seguridad para los operadores de justicia

Los operadores de justicia estructuraron un documento de propuestas para reducir los índices de criminalidad.

Una comisión interinstitucional formada por el Poder Judicial, Fiscalía, Secretaría de Seguridad y el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) coordinó para estudiar y proponer una solución ante el alto nivel de inseguridad que viven jueces, fiscales, abogados, policías, periodistas y sociedad en general.

A iniciativa del CAH se convocó a la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, Asociación de Defensores Públicos, Asociación de Fiscales de Honduras y Seguridad para estructurar las propuestas que involucran reformas legales.

Recomendaciones

En el documento, al que tuvo acceso EL HERALDO, se plantea la creación del Consejo para la Seguridad de Operadores de Justicia que se encargaría de detectar amenazas contra operadores de justicia y un protocolo para su protección.

Se propone reactivar y fortalecer la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal. Que la Corte Suprema exija a jueces y magistrados divulgar resoluciones judiciales.

Entre las reformas legales se propone el endurecimiento de las penas por delitos de crimen organizado. Que cuando se dé la muerte a un operador de justicia o a un periodista la pena concreta a imponer no sea inferior a 50 años de prisión como pena mínima a condena perpetua como pena máxima.

Se plantea la revisión a los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos suscritos por Honduras y su posible denuncia a efecto, de disminuir la edad punible, a 16 años, a los menores infractores en casos de infracciones tipificadas como delitos graves, tomando en consideración las reformas legislativas adoptadas en otros países latinoamericanos.

Crear jueces sin rostro o el nombramiento de jueces especiales con jurisdicción nacional para conocer causas ligadas al crimen organizado. Se recomienda que se controle el número de personas que deben conducir en motocicleta y el uso del respectivo chaleco numerado al conductor.

Se propone revisar el posible abuso a la aplicación de las medidas sustitutivas a la prisión preventiva y fortalecer la protección de testigos. Que los mayores de 60 años acusados por criminalidad organizada vayan a la cárcel y no con arresto domiciliario.

Revisar el plazo de 24 horas para que la Fiscalía ponga a disposición del Juzgado a un imputado detenido, elevándola a 48 ó 72 horas. Que los allanamientos queden abiertos las 24 horas del día.

Que cada persona pueda portar solo un arma de fuego, el cierre temporal de La Armería y el retorno de la Policía de Investigación al MP, son otras de las propuestas.