1,300 millones de lempiras para Estatuto del Docente

La dirigencia magisterial ha cuestionado las medidas que el gobierno adoptó en relación con la política salarial y el congelamiento de plazas referido en las Disposiciones Generales del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2010.

En los programas radiales de todos los domingos, los colegios magisteriales fijaron su posición en contra de algunas medidas como el hecho de que el gobierno fijará los aumentos salariales para el magisterio en base a la inflación reportada por el Banco Central de Honduras.

La dirigencia magisterial considera que los datos del BCH no son “confiables”, por cuanto en la práctica los índices inflacionarios que aparecen en el papel distan mucho de la práctica.

En consecuencia, el magisterio considera que se debe tomar como punto de partida el aumento que año con año el gobierno fija sobre el valor del salario mínimo.

Otro punto cuestionado por el magisterio es el artículo 61 de las Disposiciones Generales.

Según esta norma, durante el presente ejercicio fiscal “todas las plazas vacantes derivadas de jubilaciones, licencias, interinatos, renuncias, incapacidad por enfermedad o deceso quedarán en suspenso y solamente podrán ser restituidas mediante un Plan de Necesidades a nivel departamental.

Esta petición se presentará ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, quien las autorizará y consignará en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del Ejercicio Fiscal correspondiente.

De acuerdo con datos revelados por la misma dirigencia magisterial, este año habrá más de 900 jubilados y por tanto estas plazas no pueden quedar suspendidas condenando a los alumnos a estar sin maestro hasta que el gobierno disponga crear un presupuesto para reactivarlas.

Según las disposiciones del Presupuesto, el pago a los docentes en concepto de jornadas laborales, antigüedad, calificación académica y zonaje, deberá efectuarse en estricto apego a la ley.

Cualquier pago sin el fundamento legal será deducido del sueldo del empleado o funcionario que lo autorice, aplicándose en adición las medidas correspondientes de carácter civil, penal y administrativa a las que hubiere lugar.

En apego a la Ley de Transparencia, el gobierno de la República a través de la Secretaría Educación dará mayor participación a las corporaciones municipales y a las asociaciones de padres de familia para el control y mejora de la calidad de la educación.

Otro de los objetivos del gobierno tiende a ampliar la cobertura regional de los docentes en aula.

La Secretaría de Educación publicará el Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios y horas clase y el tipo de jornada laboral que tiene cada docente en cada centro educativo a nivel departamental, incluyendo el beneficio colateral por zonaje.

Con estas medidas se pretende adjudicar a los padres de familia la función de fiscalización tanto en el nombramiento de maestros en sus comunidades como el salario que devengan y si están cumpliendo con su trabajo.

Las regulaciones entrarán en vigencia a partir de la publicación del decreto de la Ley Presupuesto y el “paquetazo” fiscal.