Campesinos del Aguán rechazan vía judicial

El Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) rechazó ayer las imputaciones del presidente Porfirio Lobo Sosa y advirtió un agravamiento del conflicto si no hay voluntad del gobierno para solucionar la crisis.

Los campesinos rechazaron una tentadora oferta del gobierno consistente en otorgar dos hectáreas de tierra a cada una de las 3,000 familias en el Bajo Aguán.

El presidente Porfirio Lobo, en consejo de Ministros, dijo que la actitud de los campesinos solo demostraba que no había voluntad de resolver el problema y que detrás de esa posición habían "intereses políticos".

Rudy Hernández, portavoz del movimiento, dijo que le sorprendieron las declaraciones del mandatario.

"Estamos muy sorprendidos por las declaraciones públicas que ha hecho el señor Presidente. El movimiento campesino ha demostrado las mayores muestras de voluntad en este conflicto, puesto que lo que solicitamos es algo viable", dijo.

"Creemos que el gobierno no está actuando de una forma justa y nos está orillando a tomar decisiones que no están al alcance del movimiento y eso puede hacer que en los próximos días se agudice el conflicto porque solo nos han dejado dos opciones. Nos quieren orillar a cosas que nosotros no queremos hacer. Lo que queremos es resolver este conflicto", añadió.

No precisó qué tipo de acciones pueden tomar en los próximos días que podrán descartarse dependiendo de las medidas que se tomen el próximo martes, día en que están convocados a una nueva reunión en la Casa de Gobierno.

"Tenemos la responsabilidad moral y digna como movimiento para presentarnos a la Casa de Gobierno", dijo el dirigente campesino entrevistado por Radio América.

"Yo creo que hay atrás de todo esto un interés político de algún sector, de generarle algún problema a este gobierno, que no hemos deseado ni hemos buscado ni queremos que exista", dijo Lobo Sosa.

Esto lo expresó el mandatario al conocer que los campesinos rechazaron el lunes el planteamiento del Ejecutivo consistente en la asignación de dos hectáreas de tierra por familia mediante un mecanismo de coinversión que permita la venta del fruto de los cultivos a las plantas procesadoras de los empresarios en la zona.

La propuesta beneficiaría a 3,000 familias que recibirían una hectárea ya cultivada con palma africana y otra para que los campesinos la puedan trabajar mediante la adquisición de 6,000 hectáreas de tierra que estaría gestionando el gobierno por un monto de entre 800 y 1,000 millones de lempiras.

"Yo percibo que abajo de todo esto hay un interés político para dañar al gobierno con el tema de los derechos humanos", advirtió Lobo Sosa.

Los campesinos quieren 15 mil hectáreas, como mínimo, porque su gran meta es 20 mil. El portavoz del movimiento campesino dijo que son 28 grupos los que están organizados, de ellos, 26 tienen tomadas igual número de fincas.

Entre todos suman 3,500 familias. Sin embargo, el gobierno alega que las familias no pasan de las tres mil.

Se toman otra finca

El ministro de Agricultura, Jacobo Regalado, dijo tener conocimiento de que ayer los campesinos se tomaron una nueva finca, supuestamente propiedad del empresario Miguel Facussé, el inversionista más afectado con estas tomas.

"Lamentamos que no estamos manteniendo lo que hablamos en la mesa del diálogo, no estamos permitiendo que se privilegie una solución a través de la mesa del diálogo, sino que continúen las medidas de presión que no son necesarias", dijo Regalado. "Ayer se dio una nueva invasión. Los hechos que se dieron en Semana Santa son hechos que lamentamos", expresó.

El funcionario se refería a la muerte de dos guardias de seguridad y de un campesino, el Martes Santo, en momentos en que las negociaciones se habían paralizado por los días grandes. A juicio de Regalado, "el gobierno ha sido muy claro, ha hablado con el corazón en la mano, con la sinceridad y la solidaridad que este caso amerita". En ese sentido, "esperamos entiendan y acepten la buena voluntad del Presidente".

Hernández, portavoz de los campesinos, dijo que no aceptan que el conflicto lo solucione el sistema de justicia porque no creen en él en vista de que supuestamente favorece a los ricos.

"No sería factible irnos por las instancias legales porque las leyes afectan al más pequeño", dijo.