Honduras
El Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Finanzas, conjuntamente con el Congreso Nacional preparará para su aprobación en un plazo máximo de sesenta días (60) un proyecto de Ley que contenga medidas de compensación laboral.
Tales medidas darán un contenido de equidad social a la normativa de racionalización del gasto público y respetando las garantías laborales de orden constitucional, Código del Trabajo, Ley de Servicio Civil, y demás leyes laborales vigentes. Aunque el gobierno asegura que la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos y Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, solo es dirigida a los que más tienen, con esta disposición de crear medidas de compensación está admitiendo que el "paquetazo" afectará a los sectores de menos ingresos.
Vale hacer notar que durante la aprobación del Presupuesto 2010 en las disposiciones generales se establecía que todo aquel empleado que fuera cesanteado por el gobierno recibiría el cien por ciento de sus prestaciones laborales, las que serían pagados en un plazo de 36 meses.
Esta disposición tajantemente eliminada por los diputados, especialmente por una sugerencia del pinuista German Leitzelar, que arguyó que se estaba violando no solo la legislación laboral hondureña, sino los tratados de los que el país es signatario.
Leitzelar, incluso, introdujo una disposición en el sentido de que los servidores públicos del Gobierno Central bajo la modalidad de contrato que voluntariamente soliciten beneficio de cesantía, el Estado les concederá el pago de este beneficio conforme a la indemnización establecida en la Ley de Servicio Civil.
Para acceder a este beneficio, el servidor público, bajo esa modalidad, no deberá estar protegido por ningún sistema estatal de seguridad social para jubilación o retiro, tener contrato suscrito por lo menos en diez períodos presupuestarios continuos y haber alcanzado el requisito para ser considerado como persona de la tercera edad.