Gobierno da seguridad en el Bajo Aguán

El presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa ordenó este domingo una fuerte militarización en el Bajo Aguán.

Los pobladores de las zonas aledañas están inconformes con la presencia de los contingentes militares que provienen del Cuarto Batallón en La Ceiba, Fuerzas Especiales y de Tegucigalpa.

De acuerdo a funcionarios, el gobierno prepara un desarme general en el país para atenuar la ola delictiva que aflige al Honduras, pero se considera que las acciones se realizarán en todo el litoral atlántico, zona de escenarios del crimen organizado.

Efectivamente, el gobierno en los últimos dos días ha publicado en los medios de comunicación campos pagados en los que advierte que es ilegal la tenencia de armas y señala que serán sometidos a la ley, aquellos individuos a las que se les encuentren armas de portación ilegal.

El litoral atlántico, específicamente el Bajo Aguán se ha convertido en zona de confrontación por la toma de tierras de grupos campesinos, que en el pasado vendieron esas tierras y ahora buscan recuperarlas.

Los campesinos, aupados por dirigentes afines al ex presidente Manuel Zelaya Rosales, han rechazado las ofertas que el gobierno les ha hecho, incluso, la última de darles tres hectáreas a cada familia.

Darles esta cantidad de tierras implica una erogación del gobierno de casi mil millones de lempiras. Ellos exigen seis hectáreas, eso significaría 2 mil 500 millones de lempiras, una cantidad inalcanzable para el gobierno.

El presidente Lobo Sosa ha dicho que la dirigencia de los campesinos del Bajo Aguán no quieren una solución al conflicto, y denunció que hay otros intereses detrás de la toma de tierras.

Otros sectores han señalado también que los campesinos están siendo empujados incluso por fuerzas externas para crear un clima de ingobernabilidad y violencia en el país.

Este conflicto ya ha provocado la muerte de al menos seis personas, entre ellas campesinos y obreros de las fincas.

Miles de familias pertenecientes al Movimiento Unificado Campesinos del Aguán (MUCA) siguen negociando con el gobierno la tenencia de 4,500 hectáreas de tierra, actualmente en manos de los empresarios hondureños Miguel Facussé, René Morales y Reynaldo Canales.

Los agricultores tienen tomadas varias fincas que se encuentran cultivadas con Palma Africana, aunque el gobierno de Honduras les ha ofrecido una salida pacífica al conflicto, comprando tierras en la zona y realizando negocios conjuntos con el sector privado.

“El día de hoy, el Bajo Aguán ha sido totalmente militarizado y hemos detectado por lo menos 30 vehículos militares con tropas que llevaban armas de grueso calibre –dijo Yony Rivas, miembro del MUCA.

En la zona se ha creado un clima de zozobra, porque sabemos que el ejército en nuestro país defiende los intereses de la oligarquía. Estamos viviendo un momento muy difícil”, explicó Rivas.

Según Andrés Pavón, director del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), el movimiento de tropas que se está llevando a cabo en estos días es algo insólito, “porque los conflictos de carácter civil los resuelve la policía y no los militares.

En la carretera del litoral Atlántico hacia el norte hemos constatado el movimiento de tres brigadas del ejército, cada una de ellas movilizando a más de 11 comandos, apertrechados como si iban a una guerra”, explicó Pavón.