Estado eroga 50 millones por alquiler de edificios

Varias dependencias del gobierno pagan alquileres, en su mayoría, a costos sobrevalorados, lo que repercute en las flácidas finanzas públicas.

Solo en este negocio, el fisco eroga cerca de 50 millones de lempiras al año, según investigaciones hechas por el organismo denominado Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

La ASJ publicó en diciembre de 2009 un informe bien documentado acerca del negocio que representa para unas pocas familias ligadas al poder el alquiler de varios edificios y casas para el funcionamiento de oficinas del gobierno, a costos onerosos, mientras tanto varios edificios que son propiedad del Estado se deterioran a diario y no son remodelados ni reconstruidos supuestamente porque no hay dinero para hacerlo.

Solo en ocho instituciones consultadas por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el Estado eroga más de dos millones de dólares anuales, unos 38 millones de lempiras.

La ASJ razona en su documento "en lugar de rentar edificios y casas a costos onerosos para el funcionamiento de las entidades estatales ¿por qué no comprar, construir o remodelar las viejas instalaciones propias?

El dinero que el Estado invierte en rentar edificios, podría invertirse en la compra de locales propios o mejoras a los ya existentes y que se están deteriorando con el paso del tiempo".

La investigación realizada por la ASJ, a ocho de las más de 50 dependencias del Estado, establece que en algunas de estas el Estado paga precios por alquiler por sobre el valor del mercado.

Para otras dependencias, se realizan alquileres a familias ligadas al poder y se dejan a un lado, en cambio, edificios que podrían reconstruirse y que se caen a pedazos.

La Comisión Nacional de Banca y Seguros y el Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible son algunas de las entidades que se exceden en el pago de alquiler, cita el documento.

El informe divulgado en Internet por la citada agencia cobra actualidad por cuanto el Congreso Nacional, en las disposiciones generales del presupuesto 2010, aprobó un artículo que prohíbe a las instituciones del Estado celebrar contratos de alquiler de edificios y en casos de extrema necesidad deberán presentar a la Secretaría de Finanzas un estudio debidamente justificado.

La ASJ acota que la Ley de Contratación del Estado en ninguna disposición determina el proceso de licitación de edificios a alquilarse, tampoco el valor que se debe pagar por cada metro cuadro de los inmuebles que el Estado adquiere en arrendamiento.

Los arrendamientos se hacen a discreción de quienes administran los edificios. Los valores adjudicados por renta están sujetos a las relaciones del inquilino con el propietario del inmueble, a la oferta y la demanda del momento y las mejoras que se incluyan al momento de la firma del contrato.

La ASJ exhorta al Estado que incluya en la Ley de Contratación del Estado el desarrollo de un proceso de licitación para alquiler de los edificios donde funcionarán las oficinas estatales que no cuentan con edificio propio.

Se regule el alquiler de edificios para oficinas del Estado, en base a factores y montos establecidos en el mercado, paralelo a un plan que establezca la reparación, construcción o compra de un edifico propio y, por último, que los entes estatales encargados de velar por el correcto uso del erario público, documenten, investiguen y procedan contra las autoridades que se excedan en el pago de alquileres y deduzcan responsabilidades en caso de que existan anomalías en la contratación.

Algunos beneficiados

El monto mensual por el alquiler del edificio principal y el anexo donde operan las oficinas de la Secretaría de Trabajo es de 50 mil 915.36 dólares por mes (967 mil 392 lempiras), unos 11 millones de lempiras al año.

El edificio donde funciona la ENEE cuesta al año más de 14 millones de lempiras. La investigación de ASJ constató que los tres inmuebles son propiedad de Fernando José Agurcia Lefebvre.

El edificio Santa Fe ubicado en la colonia Castaño Sur consta de cuatro niveles, por los cuales la CNBS eroga 403 mil 200 dólares anuales (unos 7 millones 656 mil lempiras).

En la documentación oficial conseguida se establece que el propietario es Luis Alfonso Deras. Sin embargo, una fuente de entero crédito dijo a la ASJ que el edificio pertenece al grupo Continental, de Jaime Rosenthal Oliva.

La CNBS y Pronaders pagan más de la cuenta por los edificios en donde funcionan.