Hay jueces que parecen defensores de acusados

Hay jueces que más parecen defensores de los acusados, cuestionó ayer el fiscal especial contra la Corrupción, Henry Salgado.

El calificativo lo hizo en referencia al juez Mario Ríos, del Juzgado Penal de Francisco Morazán, quien dictó sobreseimiento definitivo a Rixi Moncada y Arístides Mejía.

Ambos son acusados por la Fiscalía por los delitos de fraude y abuso de autoridad por el oneroso alquiler del edificio de la ENEE, sin licitación.

A juicio de Salgado, las evidencias aportadas por la Fiscalía en la audiencia inicial fueron suficientes para dictar el auto de prisión, sin embargo, el juez Ríos no encontró el indicio racional suficiente y liberó a los encausados.

"Los argumentos son contundentes, la parte defensora no presentó ningún argumento, a veces parece que los jueces parecen más defensores que jueces", manifestó el fiscal en HRN.

Un mercado

Salgado lamentó que el juez Ríos no valoró ningún elemento probatorio aportado por la Fiscalía.

En la audiencia inicial, la Fiscalía expuso lo que está enmarcado en la Constitución de la República en su artículo 360, donde establece que todos los contratos de arrendamiento deben ser licitados, dijo.

La valoración que hizo el juez a lo que dice la Ley de Inquilinato al sistema contractual, a juicio del fiscal, es incorrecta.

En primer lugar no tiene aplicación esta norma, ya que existe la Ley de Disposiciones Generales de Presupuesto, aprobada en 2008, que establece que todos los contratos arriba de 450 mil lempiras serán licitados, explicó.

Además, la Ley de Inquilinato autoriza contrataciones entre particulares, no entre un particular y el Estado.

‘La misma Ley de Contratación del Estado establece que las adjudicaciones serán a través de licitaciones públicas. Las disposiciones en que se ha basado este juez están fuera del marco jurídico", indicó.

Además, la Fiscalía expuso evidencias de irregularidades en la sobrevaloración, adquisición y adjudicación del contrato.

"La Fiscalía ha demostrado claramente, profesionalmente, cada una de las evidencias", aseguró.

En cambio Ríos dijo que su fallo obedece a un criterio jurídico. "Si es así, si este criterio fuera válido, quiere decir que todas las otras contrataciones de los órganos estatales van a ser al libre albedrío y va a ser un mercado, lo cual debe ser incorrecto porque son reguladas y no podemos permitirlo", enfatizó.

"Las contrataciones son reguladas y la ley lo establece, si eso fuera una verdad jurídica lo que está diciendo ese juez o sea que ninguna contratación de arrendamiento está regulada en materia estatal sería un desfase, muy peligroso y muy motivante para actos de corrupción, lo cual la Fiscalía está en contra", dijo.