No voy a permitir grupos armados en Honduras

El presidente Porfirio Lobo Sosa fue enfático: No se permitirán grupos armados ilegales en el país.

El mandatario dijo lo anterior al preguntarle el objetivo de enviar 2,000 efectivos militares y policiales a la zona del Bajo Aguán, donde campesinos asesorados por extranjeros han invadido decenas de hectáreas de tierras ya cultivadas.

Lobo Sosa descartó que el objetivo de la operación sea desalojar a los campesinos que mantienen tomadas unas 4,500 hectáreas.

"Ellos lo que van a hacer (Ejército y Policía) es recordar la Ley de Tenencia y Portación de Armas que establece penas de nueve años de cárcel para quienes porten armas de forma irregular", manifestó.

El titular del Ejecutivo ha asegurado que detrás del conflicto de tierras en el Bajo Aguán "existen intereses políticos" y algunos sectores no descartan la presencia de grupos armados en la zona.

"No voy a permitir grupos armados de ningún tipo en Honduras y lo quiero repetir: no voy a permitir grupos armados en Honduras", sentenció.

Según el gobierno, las secretarías de Seguridad y Defensa protagonizarán en los próximos días sendos operativos encaminados a regular la tenencia de armas no solo en la zona del Bajo Aguán y del litoral atlántico, sino en todo el territorio nacional, debido a los índices delincuenciales que hay en el país.

Derechos

"Pepe" se comprometió ayer junto a los titulares de los poderes Legislativo y Judicial a respetar los derechos humanos en el país.

El compromiso fue asumido en el encuentro ordinario de los representantes de los tres poderes del Estado realizado ayer en Casa Presidencial en donde se discutieron los alcances de la operación de desarme que iniciaron las secretarías de Seguridad y Defensa en el litoral.

Y es que varios comandos del Ejército y patrullas de la Policía comenzaron el domingo a recorrer los departamentos de Colón, Atlántida y Cortés, según el gobierno, con el propósito de hacer cumplir la Ley de Tenencia y Portación de Armas.

"En primer lugar, nuestra conclusión y algo que queremos que quede muy claro dentro del pueblo hondureño es el compromiso del gobierno de la República y del Congreso Nacional y de la Corte Suprema de Justicia de garantizar el respeto a los derechos humanos", manifestó la ministra de la Presidencia, María Guillén.

Conflicto

El mandatario recibirá este día a los miembros del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Muca) en la continuación de las negociaciones que encabeza el gobierno.

Los campesinos deberán responder hoy si aceptan una de las dos propuesta hechas por el gobierno la semana anterior.

La primera consiste en la entrega de dos hectáreas de tierra por familia mediante un mecanismo de coinversión que permita a las familias la venta de los cultivos a las plantas procesadoras instaladas en la zona.

La propuesta estaría beneficiando a unas 3,000 familias a través de la compra de unas 6,000 hectáreas de tierra por parte del gobierno, por un monto de entre 800 y 1,000 millones de lempiras.

La otra propuesta es retomar un acta que los campesinos suscribieron en junio de 2009 y que establece que el conflicto se diluya por la vía judicial. Los campesinos, curiosamente, han descartado las dos propuestas.

La negativa motivó a Lobo, semanas atrás, a afirmar que detrás del conflicto hay un interés político y que no hay voluntad de los campesinos por resolver la problemática.

"Las negociaciones han sido respetadas y en este momento lo único que ha hecho la secretaría de Seguridad, con instrucciones del Presidente, es cumplir con un mandamiento constitucional, que es generar espacios de confianza y aumentar la seguridad en aquella zona, de tal manera de controlar el flujo de armas", manifestó el subsecretario de Seguridad, Roberto Romero.

"Pepe" dijo ayer que la primera propuesta consistente en la entrega de dos hectáreas de tierra por cada familia "es cien veces mejor que la segunda". Los campesinos demandan al menos 15,000 hectáreas de tierras, 100 por ciento cultivadas y descartan que el problema se resuelva por vía judicial.

Fiscalía en alerta por conflicto en el Aguán

La Fiscalía de Derechos Humanos inició acciones sobre la denuncia de presencia militar y policial en el Bajo Aguán.

"Como Fiscalía, al igual que las organizaciones de derechos humanos, estamos en alerta para ver qué es lo que ocurre", manifestó la fiscal de los Derechos Humanos, Sandra Ponce.

Las investigaciones se iniciaron por alertas y publicaciones de organismos de derechos humanos, sobre el objetivo del desplazamiento y que este genere un ambiente de tensión en la zona.

Para la fiscal la presencia de agentes del Estado no abona al proceso de diálogo.

La Fiscalía plantea la necesidad que en razón que no se entorpezcan las acciones de investigación, hasta el límite que sea posible, se transparente la necesidad de estos desplazamientos, para la tranquilidad en el lugar.

"La Fiscalía ha hecho averiguaciones, lo que fuentes oficiales dicen es que la movilización no responde a una acción represiva en contra de las personas del movimiento (campesino), sino más bien a acciones de operativos contra el narcotráfico", indicó.