CN elaborará ley para frenar festín en Transporte

El Congreso Nacional adquirió el compromiso de declarar una veda y aprobar una nueva Ley del Transporte, tras la comparecencia del titular de la Direccion General de Transporte, Blas Ramos, que expuso el latrocinio ocurrido en los últimos meses de la administracion liberal con el otorgamiento de licencias y permisos de operación.

Además, la vicepresidenta Lena Gutiérrez ordenó que el informe que confirma el festín en transporte, sea remitido de inmediato al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y a la Fiscalía.

Ramos confimó el festín que se dieron funcionarios y empleados del pasado gobierno, como tambien a políticos, empresarios del rubro y gente ligada al poder, pero no reveló nombres ni detalles que varios diputados exigieron que se explicaran.

EL HERALDO publicó esta semana el informe pormenorizado que a petición del mismo Congreso fue elaborado por las actuales autoridades de Soptravi.

Ahí se dejan al descubierto actos de corrupción que se traducen en una piñata en el otorgamiento de permisos y licencias sin llenar los requisitos, no hubo estudios para otorgar concesiones a funcionarios y empleados, acciones administrativas que no siguieron los procedimientos de ley.

En este tipo de operaciones ilegales, se produjo un negocio de más de 150 millones de lempiras, según las explicaciones que Ramos brindó a los diputados.

Indicó que desde el 18 de marzo del 2009, se estaban produciendo las irregularidades en que se dejaban brechas entre la numeración o registros de operación para ser rellenadas después.

Ramos explicó que en el informe se encuentran infinidad de registros y permisos otorgados en horas no laborales como a la 1:00 de la madrugada, así como una gran cantidad de irregularidades en los trámites de nuevos servicios.

Ramos explicó que entre enero de 2009 a enero de 2010 se otorgaron 2,520 permisos y a los beneficiarios de estas irregularidades se les asignó números de forma secuencial, dejando espacios entre el 1 y el 25, a los que les denominaron "baches".

De esa cantidad, entre junio de 2009 y enero de 2010 se otorgaron 1,648 permisos, el 52 por ciento de todo 2009.

Por otra parte, entre el 21 de enero al 25 del mismo mes de 2010 se concedieron 798 permisos, a un promedio de 133 permisos diarios, la mayor parte en horas nocturnas.

El informe destaca que en este proceso de repartición fueron favorecidos activistas del Partido Liberal, empleados y funcionarios de Soptravi.

Aunque legalmente, cada permiso de operacion tiene un costo de 25 lempiras, en este proceso ilegal hubo quienes pagaron entre 60 mil y 80 mil lempiras por número y hasta 250,000 lempiras por una ruta de servicio interurbano.

El director Blas Ramos pidió a los diputados apoyar el proyecto de decreto presentado por la diputada Marcia Facussé en el sentido de declarar una veda para el otorgamiento de permisos y nuevas rutas por mientras el Congreso Nacional aprueba una nueva Ley General de Transporte.

Ramos expuso que mientras tanto eso ocurre, Soptravi levantará un censo nacional de transporte y también un reordenamiento de los permisos de operación por sector y por servicios.

El funcionario dijo estar de acuerdo con varias sugerencias que hcieron los diputados como, por ejemplo, regular que el director general y los regionales del transporte no están vinculados con el rubro.

Desmiente versiones

En su caso citó que no es cierto que tenga una flota de 200 buses como se ha dicho en algunos medios de comunicación.

Aseguró que apenas tiene 14 números de registro "ni uno más ni uno menos", y que hace algunos años tuvo cinco unidades de taxis y "casi me hacen quebrar".

A una pregunta del diputado Renán Inestroza, el funcionario detalló que en el Distrito Central hay una flota de 2,400 autobuses amarillos, 7,300 taxis legales, 2,500 taxis ilegales y 1,500 rapiditos que operan en forma ilegal.

Inestroza demandó que este informe fuera enviado a la Fiscalía para que se hagan las investigaciones correspondientes y se deduzca responsabilidades a quienes cometieron ese abuso.

"Ya es tiempo de castigar a quienes han venido traficando con números de taxis, rutas y permisos de operación", dijo el parlamentario.

El diputado liberal Gonzalo Rivera, cuestionó que el informe era sectario por cuanto no señalaba las irregularidades que se dieron en los últimos meses del gobierno de Ricardo Maduro, en donde, aseguró, solo en La Ceiba se otorgaron mil permisos. Hay que corregir este error, pidió el diputado por Atlántida.

El más fuerte cuestionamiento de los diputados se centró en que se debe reglamentar el proceso de selección de las autoridades de Transporte, así como establecer mecanismos puntuales para la revisión de unidades, establecer una veda en los permisos de operación y que se mejore la administración del sistema.

La nueva Ley de Transporte deberá ser elaborada cuanto antes e introducir en la misma las iniciativas que han expuesto los diputados, dijo la primera vicepresidenta, Lena Gutiérrez, que instruyó a la comisión legislativa correspondiente tomar como punto de referencia el informe para la elaboración de una nueva ley.