Fiscalía promete castigo por festín en Transporte

Los actos de corrupción ejecutados por el gobierno liberal en la Dirección General de Transporte (DGT), no quedarán en la impunidad.

Este es la intención de la Fiscalía contra la Corrupción, quien inició una investigación sobre denuncias de irregularidades en la DGT, dependencia de Soptravi.

Un informe elaborado por las actuales autoridades de Soptravi revela irregularidades en el otorgamiento de permisos de operación a buses y taxis.

De acuerdo con el informe se otorgaron un total de 1,640 títulos para la explotación de rutas para taxis en varias zonas del país. Según el informe, los permisos se otorgaron sin que se siguieran los procedimientos administrativos legales o los favorecidos estaban inhabilitados para operar.

Los permisos se otorgaron faltando pocos días para que culminara la pasada administración interina. Las irregularidades se cometieron en la gestión de José Rosario Bonano, al frente de Soptravi.

El Congreso Nacional (CN) conoció del contenido de dicho informe, por lo que la vicepresidenta Lena Gutiérrez ordenó que el expediente que confirma el festín en Transporte, sea remitido de inmediato a la Fiscalía contra la Corrupción y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para su investigación.

Castigo

Las autoridades de la Fiscalía contra la Corrupción aseguran contar con la voluntad y el empeño para concretar la deducción de responsabilidades de tipo penal.

"Todos los elementos que existan se van a tener que investigar, eso es correcto", informó a EL HERALDO, el fiscal especial contra la Corrupción, Henry Salgado.

"Si del informe se puede deslindar una acusación criminal lógicamente se va a tener que interponer", agregó.

La Fiscalía espera que el CN les remita el expediente de irregularidades en la DGT para estudiarlo y definir las diligencias a evacuar.

Entre ellas está citar a empleados y ex funcionarios, inspeccionar las instalaciones de la DGT y decomisar expedientes, entre otras.

Se espera corroborar cuáles son los permisos de operación de buses y taxis, si hay falsedad documental y manipulación en el otorgamiento.

La Fiscalía investiga los delitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y violación a los deberes de los funcionarios.

Una vez recabadas las evidencias que determinen la comisión de uno o varios delitos, como la identificación de los responsables, se interpondrán los requerimientos fiscales ante los tribunales.

"Nosotros vamos a tener que hacerlo, de acuerdo a si el informe da la posibilidad de ejercer la acción penal pública", indicó.

Las investigaciones se coordinarán con el TSC, dado que se espera una auditoría forense de las acciones ejecutadas en la DGT, especialmente entre julio de 2009 a febrero de 2010, para que emita un informe técnico.

La Fiscalía investiga varias denuncias relacionadas al caso, por el informe de Soptravi se juntarán en un solo expediente.

Por su parte, las autoridades del TSC aún esperan que el Legislativo les remita el informe y la solicitud de investigación para ordenar el inicio de las auditorías.

El ente contralor resolverá la deducción de responsabilidades de tipo civil o administrativo.