Honduras
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) notificó pliegos de responsabilidad a ex funcionarios de la Dirección General de Transporte (DGT).
El 17 de junio de 2009 el entonces presidente del TSC, Renán Sagastume, envió al titular de Soptravi, José Rosario Bonanno, el informe No. 05/2007-DAS II, que contiene la Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal, practicada a la DGT.
Entre las anormalidades detectadas están las relacionadas a los desembolsos de viáticos que se realizan sin la documentación soporte completa, la no existencia de controles confiables para el pago de subsidios a los transportistas del sector urbano, la circulación de unidades de este rubro con placas diferentes a las que presentan los permisos de explotaciones y certificados de operación, la emisión de permisos de explotación y certificados de operación con diferencias significativas en la secuencia numérica y el pago de subsidios a nombre de personas que ya no son propietarios de las unidades de transporte urbano y de pasajeros.
Responsabilidades
En el informe se señala que entre los sujetos a responsabilidad civil está el ex director de la DGT, Pastor Canales por 6.4 millones de lempiras.
De forma solidaria aparecen cuatro ex empleados y 20 empresas de transporte. Otra responsabilidad es por 5.1 millones de lempiras contra dos ex funcionarios y 18 transportistas.
El TSC recomendó a Soptravi entre otros, girar instrucciones a los departamentos respectivos, se realice una verificación y depuración de las unidades de transporte que no portan los certificados de operación y evitar con ello realizar pagos a quien o quienes no cumplan con los requisitos exigidos por la ley.
Al igual debe hacerse antes de elaborarse las planillas al subsidio del transporte colectivo urbano de pasajeros, pues en el período se realizaron pagos por tres millones 415 mil 509 lempiras a los propietarios de autobuses que circulaban con permiso de explotación y certificado de operación vencidos.
Además de ejercer un mejor control para que las unidades del servicio del transporte colectivo urbano circulen con los permisos y certificados de operación vigentes y cumplan con las normativas vigentes para ser objeto del derecho al subsidio, para evitar pagos de más.
Sin embargo, previo a tomar posesión el actual gobierno se procedió a una "piñata" en la entrega de permisos a buses y taxis, obviando las recomendaciones del TSC.