Protestan por destitución de jueces hondureños

La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) calificó de arbitrario el despido de cinco compañeros que protestaron por el derrocamiento del ex presidente Manuel Zelaya en junio de 2009 y anunciaron que elevarán su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"La crisis política que vive Honduras desde la destitución constitucional continúa profundizándose sin que se avizoren alternativas democráticas para restablecer la institucionalidad del Estado de Derecho", dijo el viernes la AJD en un comunicado. "La fractura del orden constitucional ha dejado su huella en el poder judicial".

Agregó que con los despidos la Corte Suprema de Justicia "manda el mensaje de que los jueces no pueden ser críticos sino sumisos y obedientes, y que vale más un juez sujeto a las directrices superiores y del poder político que un juez honesto e independiente".

Para la asociación, la medida es "autoritaria, arbitraria y contraria a la legalidad, y constituye una herida casi mortal a la independencia de todos los jueces".

Los jueces cesanteados son Ramón Barrios, Luis Chévez, Guillermo López y Tirza Flores, y el defensor público Osman Fajardo.

Flores es hermana del ex ministro de la Presidencia de Zelaya (2006-2009) y la Corte Suprema la sancionó por presentar un recurso de amparo a favor del mandatario y sus colaboradores.

Chévez declaró que "se nos levantó un proceso disciplinario por diferentes causales, pero todos vinculados al golpe de Estado".

A Chévez, López y Fajardo, la Corte Suprema los acusó de participar en manifestaciones contra la destitución constitucional, y a Barrios por publicar un artículo en un periódico local en el que defendió el derrocamiento del ex mandatario.

Sin embargo, la magistrada de la Corte Suprema Rosa Paz dijo en rueda de prensa que "las destituciones son legales y no hay ninguna persecución política".

Aseguró que "a nadie se ha destituido por pensar diferente".

El Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (CEJIL) condenó la situación y dijo que se "enmarcan en un contexto de persecución política de la Corte Suprema contra los funcionarios judiciales que asumieron una posición valiente, critica y apegada a los valores constitucionales en relación con la destitución constitucional".

Zelaya permanece refugiado en la República Dominicana desde enero.