Honduras
Por vía legal se pretende derogar las disposiciones contenidas en el Estatuto del Docente.
Un recurso de inconstitucionalidad fue presentado ayer ante la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, en contra del Estatuto del Docente Hondureño.
El escrito de impugnación fue interpuesto por el abogado Manuel de Jesús Iglesias Ramos. Se argumenta que dicha ley "violenta las disposiciones constitucionales y otorga privilegios a los maestros".
Los cinco magistrados que integran la Sala Constitucional: José Antonio Gutiérrez, Óscar Chinchilla, Rosalinda Cruz, José Francisco Ruiz y Gustavo Enrique Bustillo, se tendrán que pronunciar sobre este recurso judicial que fue ingresado bajo expediente 290.
Como primer paso, dichos magistrados definirán la admisibilidad de la acción judicial, en caso de ser admitido se pedirán los antecedentes al Congreso Nacional (CN) y Secretaría de Educación.
Luego la Sala Constitucional pedirá una opinión al Ministerio Público.
La opinión que emita la Fiscalía de Defensa de la Constitución no será vinculante.
La sentencia podría ser declarar la inconstitucionalidad del Estatuto, por lo que sería derogado.
En caso de que se compruebe que no violenta preceptos constitucionales la normativa continuaría vigente. De no existir unanimidad entre los cinco magistrados el expediente pasaría al pleno de la CSJ, quien resolvería por mayoría de votos.
Existen dos mecanismos para derogar la vigencia de una ley, por vía de un recurso de inconstitucionalidad o por disposición del CN.
El Estatuto del Docente fue aprobado el 11 de septiembre de 1997, bajo el Decreto Legislativo 136, durante la gestión de Carlos Roberto Flores.
Medidas
Cotidianamente el gremio magisterial ejecuta medidas de protesta cuando ven amenazada la vigencia del estatuto, por lo que desde ya dirigentes anuncian paros de labores, movilizaciones y asambleas informativas.
El anuncio lo hicieron los representantes de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH).
En Francisco Morazán, Cortés y Yoro, realizarán la asamblea informativa el jueves, mientras que el viernes será en Comayagua, Atlántida y Lempira.
Hasta ahora, las autoridades educativas no aplican las sanciones que el mismo estatuto establece por la pérdida injustificada de clases.
La Fiscalía de Derechos Humanos exige que se deduzcan responsabilidades a los maestros, caso contrario, los funcionarios incurren en responsabilidad por no aplicar la ley.