Proponen trasladar feriados de octubre a junio

Los diputados dedicaron ayer espacio para la presentación de proyectos y mociones, en una sesión en la que se propuso el traslado de los feriados de octubre a los días en que juega la Selección Nacional en el Mundial de Sudáfrica.

Además, se presentó otra iniciativa para garantizar por decreto el retorno del derrocado presidente Manuel Zelaya.

Los feriados del Mundial

Fue el diputado Luis Fernando Lobo quien presentó un proyecto de decreto para trasladar los feriados del 3, 12 y 21 de octubre al mes de junio, específicamente a los días en que juega la Selección en el Mundial de Sudáfrica.

El proyectista aseguró que tenía la venia del presidente del CN, quien le solicitó que formulara la idea mediante un proyecto de decreto que hiciera constar el cambio de feriados por esta única vez.

Honduras juega dos partidos a las 12:30 del mediodía (contra España y Suiza) y uno a las 5:30 de la mañana (contra Chile el 16 de junio).

El proyecto pasó a ser dictaminado por la Comisión de Gobernación y Justicia.

En el caso de Chile, que es rival de Honduras, los diputados aprobaron ayer mismo un proyecto que permitirá a los trabajadores ver los partidos.

La iniciativa fue introducida por el diputado chileno Fidel Espinoza y fue aprobada con 36 votos favorables, ocho en contra y cinco parlamentarios se abstuvieron.

En este país sudamericano la idea es que se flexibilicen los horarios de manera que se puedan ver los partidos y al mismo tiempo observar los encuentros sin inconvenientes laborales.

Los diputados también aprobaron días atrás otro proyecto que permite flexibilizar los horarios de clase de los escolares, estudiantes y universitarios.

Impunidad y Zelaya

Por otra parte, el Congreso conoció un proyecto de decreto del diputado Sergio Castellanos para promover el ingreso del ex presidente Manuel Zelaya.

Cabe destacar que en función de la legislación hondureña, Zelaya puede ingresar cuando lo desee al país, pero debe responder ante la justicia por delitos políticos y de corrupción que se le imputan.

En un abierto mensaje que promueve la impunidad, Zelaya dijo que regresa de inmediato al país si se le suspenden los juicios y levantan las órdenes de captura.

El proyecto presentado por Castellanos establece en su artículo 1 que se garantice el retorno de todos los ciudadanos hondureños que se encuentran en el exilio, producto de los acontecimientos del 28 de junio de 2009, garantizándoles sus derechos que como ciudadano les corresponden.

En el artículo 2 solicita ratificar que el proyecto de amnistía es también aplicable a todos los ciudadanos, sin excepción, que estuvieron relacionados con los hechos del 28 de junio de 2009 y todos los juicios pendientes que tenga en el territorio nacional quedan anulados, amparados en dicho decreto de amnistía.

Además, demanda que el Estado de Honduras garantice la seguridad José Manuel Zelaya Rosales en base a la ley establecida referente a los ciudadanos que se han desempeñado la Presidencia de la República y, por último, pide incorporar al ex presidente derrocado como miembro del Parlacen.

Amnistía tributaria

Aunque estaban programados, no se presentaron los dictámenes de un decreto ley que autoriza a las municipalidades del país a condonar multas, recargos e intereses de moras en el cumplimiento del pago de impuestos sobre bienes inmuebles, comercio y servicios, permisos de operación y contribución por mejoras.

La comisión de dictamen solicitó más espacio para la preparación de este decreto que beneficiaría a miles de contribuyentes morosos con las alcaldías.

Alquileres de edificios

El diputado Augusto Cruz Asencio presentó una moción que fue aprobada por la mayoría, en el sentido que la Procuraduría General presente un informe detallado al CN sobre los gastos que hace el gobierno con el alquiler de edificios para albergar oficinas públicas.

La moción está orientada a que a partir de este ejercicio fiscal las contrataciones de alquiler de edificios para que ocupen oficinas públicas tengan la venia del Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría y que, además, sean certificadas por el Colegio de Ingenieros Civiles para ver si el valor por el cual están siendo contratadas está acorde con la realidad y no tengan un costo elevado.

El mocionante sugiere que el Estado adopte medidas para que en un plazo de 10 años cada institución del Estado que hoy paga alquileres de edificios construya sus propias edificaciones.