Honduras
Por unanimidad de votos de sus cinco magistrados, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró ayer inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley del Estatuto del Docente.
La resolución obedece al escrito interpuesto la semana anterior por el ciudadano Manuel de Jesús Iglesias Ramos, expediente registrado con el No. SCO-290-2010.
En el recurso Iglesias argumentó que dicha ley "violenta las disposiciones constitucionales y otorga privilegios a los maestros".
Los magistrados: José Antonio Gutiérrez, Óscar Chinchilla, Rosalinda Cruz, José Francisco Ruiz y Gustavo Enrique Bustillo son del criterio que no es inconstitucional dicha ley, será el Congreso Nacional quien deberá definir qué procede hacer con dicho Estatuto, dijo el vocero Danilo Izaguirre.
Los magistrados estimaron que el recurso fue mal planteado, por lo que no reunió los requisitos de admisibilidad.
Por lo tanto, los magistrados no conocieron el fondo de lo planteado en la acción judicial.
En consecuencia, la CSJ deja vigente la Ley del Estatuto del Docente. En horas de la mañana el abogado Andrés Asfura, apoderado legal del Pricphma, solicitó a la Sala Constitucional declarar inadmisible el escrito.
Juego político
Iglesias sostuvo ayer que el recurso que interpuso es claro, que no entiende por qué no fue aceptado.
Argumentó que el Estatuto violenta el artículo 60 de la Constitución, que estipula que en el país no deben existir clases privilegiadas.
El Estatuto, en su artículo 165, concede prebendas al gremio magisterial. "No le veo ni pies ni cabeza cómo pueden decir que no es inconstitucional ese artículo", expresó.
"Yo ya hice mi parte, ya presenté el recurso y lo que vemos es que se está jugando de forma política, porque al siguiente día (de haberlo presentado) hubieran dicho los magistrados que era inadmisible, pero se tardaron más de una semana para jugar este ajedrez político", lamentó.
Dijo que interpuso el recurso porque los hondureños están cansados de que los maestros solo pasan en ilegales asambleas informativas y no imparten clases.
El recurrente ahora espera que el Congreso revise el Estatuto y defina medidas correctivas para garantizar el derecho a la educación.