Ex jueces en huelga de hambre violaron la ley

La separación del Poder Judicial los obligó a declararse en huelga de hambre.

Los cesanteados fueron tres jueces y una magistrada.

Los ex funcionarios separados de sus cargos por realizar actividades no permitidas por la carrera judicial son Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios, la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza y Adán Guillermo López Lone.

De estos, solo Adán López y Luis Chévez participan en la huelga de hambre en los bajos del Congreso Nacional.

A ellos los acompañan, de forma solidaria, Jerson Medina, Pablo Munguía y José Mario Pineda.

Los hechos

Según la Ley de la Carrera Judicial, los funcionarios judiciales no pueden participar en actos públicos o políticos.

La ley en su artículo 54, numeral "J", claramente establece que no pueden "propiciar, auspiciar u organizar huelgas, paros, suspensión total o parcial de actividades, disminución del ritmo de trabajo, participar en tales actos o tolerarlos".

En el caso de la magistrada Tirza Flores, durante la huelga protagonizada por los fiscales en 2008 se pronunció en apoyo a los acusadores.

Tirza Flores es hermana de quien fuera mano derecha de Manuel Zelaya, el ex ministro de la Presidencia y prófugo de la justicia Enrique Flores Lanza.

El Ejecutivo de Manuel Zelaya admitió que apoyaba la destitución del fiscal general y fiscal adjunto y, por tanto, aupaba y financiaba el movimiento huelguístico que puso en peligro el estado de derecho.

Los ex jueces también habrían tenido participación activa en los hechos ocurridos después del 28 de junio de 2009.

Los separados de sus cargos supuestamente se pronunciaban en contra de los hechos y de la separación de Manuel Zelaya Rosales como presidente de la República, por lo que la ex magistrada Tirza Flores Lanza y el juez Adán Guillermo López Lone, junto a otros profesionales del derecho, presentaron un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Luego de estos actos, Inspectoría de Tribunales realizó el debido proceso para determinar responsabilidades, por lo que al finalizar el proceso se implementaron las sanciones.

CIDH pide informes

Las huelgas en los bajos del Congreso han sido de interés para los delegados de la Comisión Interamericana de derechos Humanos que visitan el país.

Ayer se reunieron con directivos del Congreso Nacional.

Las huelgas por parte de un grupo de padres de familia que exigen sanciones para maestros irresponsables y de ex jueces separados, por faltar a la Ley de Carrera Judicial, fueron parte de la temática abordada.

Orles Solís, presidente de la comisión de Derechos Humanos, dijo que le informaron a la comisión que el Congreso ya aprobó el protocolo facultativo contra la tortura, tratos crueles e inhumanos.

Asimismo, conversaron sobre la relación que mantienen con la comisionada presidencial para la defensa de los derechos humanos, Ana Pineda.

Sanción moral

Los miembros de este organismo también han visitado la Fiscalía y se han reunido con representantes de medios de comunicación.

Al respecto, la fiscal de derechos Humanos, Sandra Ponce, dijo que producto del informe que elabore esta comitiva podrían imponerse sanciones al Estado.

"Puede ser señalado internacionalmente por no cumplir suficientemente las obligaciones que tiene en el ámbito de los derechos humanos. Es una sanción moral", dijo Ponce.

Sin embargo, la fiscal admite que el Estado da muestras de transparencia en esta materia.

Sobre el respeto a los derechos humanos en el país, la delegación de la CIDH obtuvo información por parte del Ministerio Público (MP).

Entre ellas los avances de las investigaciones por crímenes cometidos en contra de periodistas y presuntas violaciones de derechos humanos.

Se detalló el trabajo coordinado que el MP realiza con la Secretaría de Seguridad para dar con los responsables, indicó.

A la fecha, los casos registrados de muerte violenta de comunicadores sociales están en la etapa investigativa.

Asimismo, la comitiva tuvo un especial interés por cierres de medios de comunicación, tras los hechos del 28 de junio, para lo cual el MP informó que en todos los casos se condujo una investigación imparcial y se acudió a los tribunales.