Lucha por reconocimiento de Honduras es justa

La mayoría de organismos electorales de Centroamérica coincidió ayer que las elecciones generales en Honduras fueron legítimas y que basado en ese principio el país tiene derecho al reconocimiento internacional.

Magistrados electorales de Guatemala, Costa Rica y Panamá tuvieron un encuentro con sus pares de Honduras, donde intercambiaron experiencias sobre los procesos electorales y apoyaron la idea de fortalecer las instituciones que administran e imparten justicia electoral.

El representante del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, Elder Ulises Gómez, dijo que el organismo del cual forma parte fue uno de los primeros "en avalar las actividades que estaba realizando el Tribunal Supremo Electoral de Honduras.

Las elecciones fueron transparentes, limpias, legales, que tenían todo el contenido de legitimación para que accediera al poder cualquier ciudadano".

En ese sentido, añadió, "se ha tardado mucho el orden internacional en reconocer a Honduras".

Por su parte, la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, Zetty O. Balverdi, afirmó que el TSE de Honduras vivió el año pasado una de las etapas más difíciles, pese a lo cual salió avante.

"El reto que tiene el Tribunal es mantener un sistema electoral confiable. Es importante fortalecer al organismo electoral. Un organismo electoral fuerte puede garantizar un proceso electoral eficiente, confiable y transparente, que haya justicia electoral", dijo.

Yara Campos, magistrada electoral de Panamá, expresó que su país reconoce el esfuerzo de su par de Honduras por llevar a cabo un proceso electoral complejo.

"Creo que el organismo electoral se fortificó y se enfrentó a un reto que en muchos otros países no lo hemos tenido y lo hizo con valentía", dijo.

Basado en este principio de legalidad "es legítimo el derecho que tiene Honduras" de luchar por un pleno reconocimiento a su gobierno en el plano internacional.

Los entrevistados también se pronunciaron favorablemente porque los organismos electorales de la región deben tener plena independencia económica y política.