Pleno se celebrará hoy con magistrados propietarios

La sociedad civil puede alejar temores, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) garantiza el respeto al estado de derecho y la fortaleza de la institucionalidad.

El fin de semana la Unión Cívica Democrática (UCD) rechazó presiones internas y externas que a su juicio se ejercen sobre el Poder Judicial a fin de que se revierta la decisión del despido de jueces que se encuentran en huelga de hambre.

Cuestionaron la injerencia del presidente Porfirio Lobo Sosa en la CSJ al asegurar que el ex presidente Manuel Zelaya puede retornar al país sin ser capturado por los delitos políticos y de corrupción que le imputa el Ministerio Público.

El tema de los jueces y el posible trato preferencial a "Mel" serían los puntos de agenda en una reunión de pleno de magistrados de la CSJ.

En un comunicado, la UCD alertó que la sesión se había convocado para ayer, aprovechando la ausencia de tres magistrados propietarios que se oponen a la restitución de los jueces.

El organismo exigió que, "por el bien de la institucionalidad, la paz y la tranquilidad de nuestra sociedad", el pleno se realice con los 15 magistrados propietarios, sin integrar suplentes.

El llamado fue escuchado. La sesión prevista para ayer se suspendió y el presidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilez, la reprogramó para hoy con la asistencia de los 15 magistrados propietarios.

El pleno se suspendió en vista que no hubo quórum, los tres magistrados propietarios, de la Sala Laboral, Tomas Arita Valle, Rosa de Lourdes Paz y Víctor Manuel Martínez se encuentran en el exterior y no pudieron arribar a Honduras a causa del clima, informó Danilo Izaguirre, portavoz del Poder Judicial.

Los tres magistrados se encontraban en gira oficial en Colombia, a su retorno no pudieron llegar al país y pernoctaron en Costa Rica, se preve que hoy asistan al pleno.

"Lo que se quiere es que estén todos los magistrados propietarios", expresó. Aunque no se descarta que se pueda integrar a suplentes, ya que trascendió que otros magistrados no podrán asistir al pleno.

Izaguirre aclaró que es un pleno extraordinario para discutir única y exclusivamente el tema de los jueces destituidos que están en huelga de hambre.

La CSJ resolvió destituir a Luis Alonzo Chévez, Ramón Enrique Barrios, Guillermo López Lone y Tirza Flores. En el pleno se resolverá si se ratifica o se revoca la resolución de destituir a los jueces en huelga de hambre.

En la CSJ se garantiza el respeto al estado de derecho, la institucionalidad, manifestó. En ese sentido, aseguró que en el Poder Judicial no se reciben presiones internas ni externas para favorecer a jueces destituidos ni a Zelaya.

Inmunidad para nadie

La Alianza por Honduras indicó que Lobo Sosa no tiene facultades para ofrecer protección a un prófugo de la justicia, en el caso de "Mel".

En la Alianza se aglutinan organismos como UCD, ProJush, Renacer Democrático, Reservistas de Honduras y el Instituto Liberal Democrático, entre otros.

"El presidente de la República debe ser el primero en dar el ejemplo a todos los ciudadanos en el acatamiento irrestricto a la Constitución y a la ley", cita un comunicado al que le dio lectura Armida de López, representante de la Alianza por Honduras.

Este organismo considera que Lobo Sosa debe reforzar la confianza del pueblo en sus autoridades y jamás poner en duda su sometimiento a la ley, respeto y apoyo a otros poderes del Estado.

"En Honduras no hay inmunidad para nadie y nadie está por encima de la ley", expresa el comunicado.

"Por ello y por la debida independencia de los poderes del Estado, ni las órdenes de captura ni los cargos imputados pueden ser objeto de negociación o de olvido por simple decisión del Poder Ejecutivo o por presión de enemigos de la República", expresa.

Conforme al debido proceso, las órdenes de captura corresponde ejecutarlas a la Policía Nacional, sin excepciones. "Según nuestro ordenamiento jurídico, el presidente de la República no está investido de facultades para brindar protección a un prófugo de la justicia, ni para extenderle privilegio alguno ni para convertir a Honduras en santuario de políticos corruptos", cita el comunicado.

"Con la Constitución en la mano, le pedimos y demandamos al señor Presidente: Que respete al Poder Judicial y no interfiera en su funcionamiento", añade.

"Al Poder Judicial y al Poder Legislativo les pedimos que mantengan sus actuaciones dentro del marco del respeto a la Constitución y la ley, garantizando la separación de poderes del Estado como garantía del funcionamiento de nuestra democracia", enfatiza la Alianza por Honduras.