G-16 urge eficientar instituciones democráticas

El presidente Porfirio Lobo Sosa recibió anoche a los miembros del Grupo de Coordinación de Cooperantes de la Declaración de Estocolmo (G-16).

El encuentro se produjo luego de que el organismo expresara su preocupación por las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el país ante los miembros del Congreso Nacional (CN).

El embajador de España, Ignacio Rupérez, manifestó que la reunión fue parte de una serie de acercamientos que el grupo de países del G-16 viene sosteniendo con diversos sectores de la sociedad.

Durante el encuentro, los miembros del G-16 volvieron a discutir con el gobierno el tema de los derechos humanos, la separación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las amenazas que habría recibido el titular del Ejecutivo por parte de miembros de su mismo partido que estarían interesados en sacarlo del poder.

El embajador de Estados Unidos, Hugo Llorens, dijo que una de las tareas más importantes que tiene el país es hacer las instituciones democráticas más eficaces para que estas respondan a las necesidades del pueblo hondureño.

"Esa es la tarea también de nosotros como países cooperantes, que tenemos que asegurar que nuestros programas de desarrollo lleguen al pueblo", manifestó el embajador estadounidense.

Análisis

En horas del medio día, Lobo Sosa ya había anunciado que analizará las preocupaciones del G-16 y se comprometió a aplicar las medidas necesarias para evitar las violaciones a los derechos humanos.

"Es importante que en Honduras le demos vigencia al pleno respeto de los derechos humanos, que hagamos nuestro mayor esfuerzo, así como es importante también que logremos generar el clima de paz", manifestó el mandatario.

"Pepe" dijo anoche a los representantes del G-16 que está tratando de construir una buena relación entre los diferentes poderes del Estado para lograr un mayor clima de reconciliación en el país.

Entre tanto, el presidente del Congreso Nacional, Juan Hernández, solicitó a los secretarios de ese poder del Estado recabar la información pertinente con relación a la decisión de la CSJ de destituir a cuatro jueces.

El secretario del CN deberá apersonarse a la CSJ para recabar la información pertinente a efecto de que una comisión del Poder Legislativo haga las investigaciones a fondo acerca de las causas de los despidos y presentar su informe al plenario legislativo.

Hernández tomó la decisión luego de ver un informe sobre la visita de los miembros del grupo de cooperantes G-16, en el que se hace mención a la destitución de jueces y si eso podía considerarse como una violación a los derechos humanos.

"No quiero que este tema genere más crispación", precisó Hernández, luego de exponer ante sus compañeros que en un lenguaje respetuoso los integrantes del G-16 manifestaron su preocupación por varias acciones del Poder Judicial.

Horas antes del encuentro entre Lobo Sosa y los miembros del G-16 trascendió que el titular del poder Ejecutivo se habría reunido con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilez, y con el fiscal general, Luis Rubí.

UCD rechaza "intervencionismo"

La Unión Cívica Democrática solicitó ayer al grupo (UCD) de países donantes G-16 que no interfiera en los asuntos internos del país.

El G-16 había expresado, el martes anterior, que estaba interesado en que los cuatro jueces destituidos por la Corte Suprema de Justicia fueran restituidos en sus cargos.

Además de eso, el G-16 había solicitado al Congreso Nacional investigar el procedimiento que se siguió para la destitución de los jueces.

La UCD emitió un comunicado en el que afirman que le recuerdan al G-16 que "Honduras es un país libre, soberano e independiente y como tal debe ser respetada, sin intervenir en detrimento de nuestro estado de derecho".

En ese sentido "rechazamos la pretendida investigación de la conducta administrativa de los miembros de la Corte Suprema de Justicia por parte del Congreso Nacional".

Asimismo, "rechazamos, por improcedentes e imprudentes, las declaraciones del Presidente de la República, y del Congreso Nacional sobre decisiones adoptadas y ratificadas por el poder Judicial, al violentar con ello la independencia de actuaciones de un poder del Estado".