Gobierno debe reorientar política para los indígenas

Una verdadera política estatal que beneficie a las etnias debe ser definida para que no sigan siendo sectores excluidos de la sociedad.

Las condiciones de miseria en que vive la etnia lenca de San Francisco de Opalaca, Intibucá, debe llamar la atención de los gobernantes para adoptar correctivos.

"Nosotros abogamos, porque con esta serie de reportajes de EL HERALDO, el gobierno replantee su política pública en materia de pueblos indígenas", manifestó la fiscal de las Etnias y Patrimonio Cultural, Jany del Cid.

En ese sentido se demanda que a través de distintas entidades se enfoque una verdadera atención en la solución de problemas referidos a sectores como salud, educación y seguridad alimentaria.

"Lo principal, el Estado tiene la obligación de definir políticas públicas orientadas a los pueblos indígenas", recalcó del Cid.

Por ejemplo se requiere mejorar y perfeccionar la institucionalidad gubernamental, dotándolas de recursos e instrumentos adecuados que permitan materializar una solución a problemas como salud, educación y acceso a alimentos. La política pública debe ser pertinente a las necesidades de los pueblos indígenas, ante el abandono en que se encuentran. Esta política debe basarse en la participación de los propios indígenas, consultándoles cuáles son sus necesidades. A través de una política pública, con identidad indígena, los pueblos deben exponer cuáles son sus prioridades y su propia visión de desarrollo.

Para la fiscal no basta con el gobierno de dádivas y que ofrezca pupitres y piñatas, debe se más integral.

Marco legal

Otra propuesta que hace la Fiscalía de las Etnias refiere a la base legal que se debe al cumplimiento de derechos a la etnia hondureña. "Otro tema que es prioridad es la creación del marco legal correspondiente", enfatizó la fiscal.

Honduras es suscriptor de convenios internacionales, entre ellos el Convenio 169 firmado con la OIT.

Este marco legal resalta aspectos fundamentales en la vida del pueblo indígena como el derecho de acceso a la tierra para actividades de subsistencia, recursos naturales, que los pueblos definan sus prioridades en cuanto a su desarrollo.

El gobierno no puede intervenir afectando el acceso de tierras y recursos naturales, sin tomar en cuenta la posición de los lencas y cualquier otra etnia hondureña.

El marco legal que se propone permitiría un reconocimiento constitucional de los derechos de estas etnias.

Asimismo, la incorporación de todas las disposiciones del Convenio 169 a las distintas leyes secundarias, para ser factibles de ser aplicadas.

La Fiscalía propone diseñar un sistema de monitoreo y recolección de datos estadísticos que revele población con edad escolar, población de tercera edad vulnerada y enfermedades que más aquejan, entre otros. En base a estos datos se permitirá implementar una política pública.

Sobre el particular, la Fiscalía ha definido entre sus prioridades organizar un grupo de trabajo que sería compuesto por el Instituto Nacional de Estadística, representantes de unidades académicas, de los pueblos indígenas y sectores vinculados a los pueblos indígenas.

Esto con el propósito de que las políticas sean definidas.

En materia de persecución penal la Fiscalía de las Etnias investiga denuncias de intervención de empresas privadas para la utilización de recursos naturales del río Gualcarque, sin consultar a indígenas de San Francisco de Opalaca.

"El Estado tiene que ser el garante de que se cumplan los principios del Convenio 169, en cuanto a la participación y consulta de ellos (lencas)", indicó la fiscal. Además, investiga el cumplimiento de derechos económicos, sociales y culturales, como otros delitos en perjuicio de esta comunidad.