Honduras
Los tentáculos de la política están afectando al menos 34 centros educativos Proheco ubicados en los municipios de Marale, Guaimaca y Orica, en Francisco Morazán.
En los últimos meses se ha presentado una serie de denuncias en contra de las personas encargadas de manejar el Programa Hondureño Educativo Comunitario (Proheco), de varias comunidades de los municipios del norte de Francisco Morazán.
Las personas denunciadas ante el Ministerio Público son: Diana Amador, promotora de Proheco; Ruth Zelaya, coordinadora municipal de Proheco; Henry Coca, regidor de la Alcaldía de Guaimaca; y Ronald Bonilla, coordinador departamental de Proheco de Francisco Morazán.
A dichos funcionarios se les supone responsables de contratar nuevos maestros sin contar con el profesionalismo y la experiencia que se requiere para participar en el programa educativo que beneficia a miles de estudiantes, ya que lo único que les piden de requisito es pertenecer a un determinado partido político.
La denuncia fue presentada por ocho maestros a quienes se les canceló el contrato que tenían firmado por todo el año, algo que se llevó a cabo el pasado 10 de junio a la 1:46 pm en el municipio de Guaimaca.
Los maestros que realizaron las acciones en contra del personal de Proheco aseguran tener el apoyo de los presidentes de las Asociaciones Educativas Comunitarias (Aeco) de cada una de las comunidades donde prestan sus servicios educativos, igual que de los padres de familia, ya que son los que conocen el trabajo que desarrollan con profesionalismo y dedicación.
Cierran escuelas
Otra de las personas que han denunciado el atropello de parte del personal de Proheco en contra de los maestros que prestan sus servicios a las Aeco es Rómulo Reymundo Ramos, alcalde del municipio de Marale, Francisco Morazán.
El 27 de mayo se presentó ante las autoridades de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, en el municipio de Talanga, a denunciar por el delito de abuso de autoridad al promotor Danni Roldán García, ya que asegura que hace aproximadamente un mes cerró dos escuelas ubicadas en las aldeas El Calichón y Las Labranzas, en el municipio de Marale.
Según se conoció, la excusa para cerrar las escuelas fue el "desacato" de las Aeco a la orden de cancelar el personal para contratar nuevo.
De acuerdo con las denuncias presentadas, las autoridades de Proheco se han dado a la tarea de cambiar las juntas directivas de las Aeco sin ninguna justificación, y colocan ahí a personas que no tienen ninguna experiencia en el manejo del programa educativo.
Un grupo de afectadas manifestó en una visita a EL HERALDO que Ronald Bonilla se ha dedicado a amenazar a los miembros de las asociaciones educativas comunitarias diciéndoles que si no les firman el contrato a las personas que él dice, les quitará las ayuda o cerrará los centros educativos.
Ante esta problemática que se está viviendo, al grado que no se ha pagado el salario a los maestros en los últimos meses, los padres de familia se han tomado algunos centros educativos, entre los que se encuentran la escuela Juan Vicente Villalobos de la comunidad de Los Planes, Marale, Francisco Morazán.
Otras dos escuelas que están cerradas son las ubicadas en la comunidad de El Calichón y El Destino, también en el municipio de Marale, todo debido a la injerencia política.
Condenable que se meta la política en las Aeco
El ministro de Educación, Alejandro Ventura, demanda que las Asociaciones de Educación Comunitaria no sean afectadas por cuestiones políticas, debido a que son instituciones que tienen personería jurídica.
"El problema es que las Asociaciones Educativas Comunitarias (Aeco) son las que contratan y supervisan a los maestros que trabajan en la educación comunitaria, por lo que de forma directa no tenemos nada que ver", dijo el funcionario.
"Aprovecho la oportunidad para pedir a los alcaldes y diputados que no politicemos la educación porque esto sí le va hacer daño a la educación, pues creemos que hay procedimientos legales para llevar a cabo estas reestructuraciones, por lo tanto yo les pido a los diputados que cooperen en esa parte porque las Aeco tienen personería jurídica", reiteró Ventura.
El titular de Educación califica de condenable que los activistas quieran meter política en los centros educativos, ya que eso es un cáncer que en vez de ayudar viene a desmejorar la educación del país, por lo que hay que ponerle un alto lo más pronto posible, y no es así nomas que se va a cancelar un personal, sino que hay que seguir un procedimiento.