INA, obligado a buscar acuerdos ante crisis

El gobierno ha dejado en manos del Instituto Nacional Agrario (INA) el manejo del problema de tierras en el sector del Bajo Aguán.

El designado presidencial, Samuel Reyes, manifestó ayer que el presidente Porfirio Lobo ha delegado al INA la responsabilidad de alcanzar acuerdos definitivos con el empresario y productor de palma africana, Miguel Facussé, quien alertó en las últimas horas al pueblo hondureño, a través de EL HERALDO, sobre posibles expropiaciones en el país.

Reyes, quien encabezó una comisión especial del gobierno que condujo a una serie de acuerdos entre el Ejecutivo y grupos campesinos que se habían tomado varias fincas de palma en el Aguán, reaccionó ayer sobre el tema en medio del desacuerdo que persiste en la negociación de unas 3,000 hectáreas de tierras entre el sector privado y el gobierno.

"Según el acuerdo firmado, ya dejé de coordinar lo del Bajo Aguán, ahora todo es manejado por el director del INA, César Ham", manifestó el designado presidencial.

Según Facussé, el titular del INA, César Ham, ha amenazado con expropiar las 3,000 hectáreas de tierras que se encuentran en negociación entre las partes.

Para el empresario, "no existe procedimiento legal de expropiación sobre tierras eficientemente cultivadas y que están cumpliendo con su función social, tal como lo estipula la misma Ley de Reforma Agraria".

El gobierno ofrece una cantidad de 282 millones de lempiras por las 3,000 hectáreas de tierra que se comprometió a entregar a los grupos campesinos que mantuvieron tomadas durante varios meses algunas fincas de cultivo de palma en la zona del Aguán.

Facussé demanda por las tierras una cantidad de 750 millones de lempiras.

El presidente Porfirio Lobo Sosa declaró en las últimas horas que "yo estuve en la primera reunión que se celebró entre el INA que estaba encabezado por don César Ham y don Miguel Facussé y su equipo en la inauguración de las pláticas y no se han podido poner de acuerdo, hay un camino claro cuando no se pueden poner de acuerdo, las partes dicen que se va a justiprecio".

"Si no se ponen de acuerdo pues se va a un justiprecio, lo que se hace es que se paga lo que valen las cosas entonces es un tema que si las partes no se pueden poner de acuerdo entonces se va a lo que es un justiprecio", indicó Lobo Sosa.

El pasado 13 de abril el gobierno suscribió con los campesinos del Aguán un acta de compromiso que en uno de los acuerdos establece la asignación de 11,000 hectáreas de tierra, 6,000 de forma inmediata y 5,000 hectáreas al término de un año.

Las primeras 3,000 hectáreas no cultivadas ya comenzaron a ser entregadas, pero restan las 3,000 hectáreas cultivadas que el gobierno ofreció sin antes haberlas adquirido.