Liberales respaldan leyes de generación de empleo

Los coordinadores de la bancada liberal en el Congreso Nacional ratificaron ayer su respaldo a las leyes de generación de empleo.

Al mismo tiempo introdujeron un documento en el cual plasman los puntos que deben ser tomados en cuenta para la aprobación de la Ley del Régimen de Regulación de la Participación Pública Privada o Ley de la APP, para que esta no se convierta en papel mojado.

Los parlamentarios liberales explicaron que la bancada está respaldando esta iniciativa, por lo que se han hecho varias aportaciones.

La ley contiene una serie de conceptos que los liberales intentan fortalecer para garantizar que tenga un ámbito de aplicación efectivo.

Se expuso que en esta ley se está creando una nueva comisión supervisora de lo que se denominará las alianzas público-privadas (APP) y se quiere que la misma dependa del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y sus miembros sean electos por el CN.

En segundo lugar, los liberales plantean que en los casos en que se vaya a dar garantías del Estado como parte de su aportación a una APP, que la misma o el aval esté claramente definido para que después no se corra el riesgo de pagar cuentas que no han sido convenidas.

Se ejemplificó que cuando una persona avala a otra para una tarjeta de crédito, firma por una cantidad equis, pero cuando le suman intereses y recargos termina pagando el doble de esa cantidad equis, y eso no se quiere que ocurra con el aval del Estado en los proyectos que se hagan mediante una APP (Asociación Público Privada).

Negociaciones

El coordinador de la bancada liberal manifestó que la comisión de dictamen estuvo de acuerdo con las recomendaciones que se han hecho al dictamen.

Por otra parte, en la socialización, los liberales "negociaron" con la comisión, compuesta en su mayoría por diputados oficalistas, la forma en que se ha de elegir a los comisionados tanto de la Coalianza (encargada de promover los proyectos) y la Superintendencia de Concesiones.

En el caso de la Coalianza, los liberales plantean que los candidatos sean propuestos por el presidente y sea el Congreso el que los elija, y en el caso de la Superintendencia, que los candidatos sean propuestos por los organismos de fiscalización y transparencia.

En cuanto a la parte que define la forma en que se van a adjudicar los proyectos, se sugirió que se mantengan las disposiciones contenidas en el proyecto, ya que en dictamen habían sido eliminadas.

Los liberales afirmaron que están de acuerdo con que cada adjudicación se haga en forma transparente y mediante procesos de licitación pública, y que se utilicen mecanismos de precalificación para que se tomen en cuenta las empresas que presenten la oferta económica más barata.