Polémica por cargo para Jorge Arturo Reina

La designación de Jorge Arturo Reina como embajador itinerante ante la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) ha generado polémica a nivel gubernamental.

Por un lado se maneja, de manera extraoficial, que el nominado estaría dejando su cargo antes de tomar posesión.

En otro extremo, el canciller Mario Canahuati dice que no se explica por qué Reina estaría tomando esa determinación si antes de oficializar su nombramiento se habló con él sobre el tema y "él acepto".

"Nosotros no hacemos nada sin antes consultar, no sé a qué se debió la conversación que tuvo en una radioemisora local por parte del hijo del embajador Jorge Arturo Reina, pero el procedimiento que se hizo fue consultado con él", argumentó el canciller.

Luego afirmó que "todo se ha hecho dentro del proceso correspondiente y al final lo que habría que ver es si él (Reina) tiene una opinión diferente".

Reina, que se desempeñó como embajador de Honduras ante la ONU durante la pasada administración, no ha sido juramentado.

Se critica que aceptó el cargo en el gobierno de Lobo Sosa pese a que, como representante de la ONU, pidió al mundo desconocer las elecciones.

El gobierno de Porfirio Lobo Sosa ahora espera que Reina luche por el reconocimiento de este gobierno ante países como Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador y Bolivia.

Tras la salida de Manuel Zelaya del poder, Reina pidió como embajador condena económica y política para Honduras, así como el no reconocimiento de las elecciones generales del 29 de noviembre con las que resultó electo Lobo Sosa.

La ONU terminó reconociendo a Lobo Sosa como presidente de Honduras y a Mario Canahuati como canciller, mediante un comunicado oficial publicado el 2 de febrero (5 días después de la toma de posesión) en el sitio web de ese organismo mundial.

La labor de Reina en América del Sur no es nada fácil. Actualmente solo tres naciones reconocen a Honduras: Chile, Perú y Colombia.

La mayoría restante demanda a Lobo Sosa que permita el libre ingreso de Zelaya al país y que le permitan participar en la vida política nacional, sin que rinda cuentas ante la justicia por sus supuestos delitos.