TSC revisará contratos de pista El Aguacate

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) determinará si son o no legales unos seis contratos suscritos para la construcción de la pista aérea de El Aguacate.

La diligencia se evacuará atendiendo una petición oficial que le formulara la Fiscalía contra la Corrupción.

Esta Fiscalía inició una investigación a raíz de denuncias publicadas por EL HERALDO sobre supuestas irregularidades en el proceso de construcción del aeródromo, ubicado en Catacamas, Olancho, para determinar si existe alguna responsabilidad penal en este caso.

Soptravi contrató empresas para ejecutar la obra, pero sin las supervisión técnica de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), lo que presuntamente viola la ley.

Informe documental

La etapa de investigación se encuentra actualmente en revisión de la evidencia documental recabada, como contratos suscritos por el gobierno de Manuel Zelaya con particulares.

"Estamos en un proceso de investigación, recordemos que es una denuncia bastante nueva y es un expediente bastante complejo", expresó a EL HERALDO la fiscal contra la Corrupción, Karla García.

"En este momento estamos en un proceso de documentación del expediente, el que es importante para nosotros para efecto de establecer si hay irregularidades o no en los procesos de contratación, de diseño y construcción de ese aeródromo. Estamos poniendo nuestro esfuerzo en dar una respuesta a la población", aseguró la fiscal.

En la indagación del proceso de contratación esta Fiscalía solicitó colaboración al TSC.

"El fiscal especial contra la Corrupción (Henry Salgado) ya le solicitó al Tribunal Superior de Cuentas la realización de un informe en relación a todos los procesos de contratación que se celebraron en relación a esa pista", indicó.

Son varios contratos que se solicitó revisar, entre ellos el de supervisión, compactación, de imprimación, para la construcción del edificio que se encuentra en la pista, el suscrito para la construcción de muros perimetrales y el de embaulamiento de una quebrada, entre otros.

Lo que espera la Fiscalía contra la Corrupción es que el TSC determine si con la celebración de dichos contratos existe un perjuicio económico para el Estado, de qué tipo, y si hay o no algún grado de responsabilidad.

El ente contralor deberá definir si en los procesos de contratación se respetó lo establecido en la Ley de Contratación del Estado, si se evacuó procesos de licitación o compras directas, que sumado a si existió el perjuicio económico será determinante para que la Fiscalía defina el rumbo de las investigaciones.