Aprobación de 695 megas desata polémica en el CN

El Congreso Nacional inició la discusión de la compra de 695 megavatios de energía producida con recursos renovables, en un ambiente de polémica y suspicacias.

Se trata de los 47 contratos de suministro energético suscritos por la ENEE mediante un proceso de licitación pública, iniciado por el gobierno anterior y concluido en esta administración.

El presidente del CN, Juan Hernández, anunció que hoy serán aprobados en primer debate, al tiempo que ordenó que las comisiones de energía, las autoridades de la ENEE y de la Coalición Patriótica de Solidaridad (CPS) preparen un decreto para dejar protegido el interés de las comunidades en donde se instalarán los proyectos de generación.

Una moción del democristiano Augusto Cruz Ascencio, aprobada con 67 votos a favor, está orientada a introducir a los decretos una salvaguarda para garantizar a las comunidades la protección ambiental.

La iniciativa generó una polémica por cuanto algunos diputados alegaron que no se podía introducir disposiciones adicionales a tales contratos debido a que ya estaban aprobados por el Ejecutivo y que la función del Congreso en este caso era aprobarlos o improbarlos.

Aprobación transparente

El presidente del CN, Juan Hernández, por su lado, explicó que los contratos tendrían que ser aprobados uno por uno debido a que fueron dictaminados por separado, en virtud de que cada uno tiene sus propias especificaciones. El jefe de la bancada liberal, José Alfredo Saavedra, ratificó la posición de ese grupo político a favor de la aprobación, pero pidió darle más tiempo para ampliar información a los diputados.

Por su lado, el jefe de la facción nacionalista, Celín Discua, se pronunció porque la decisión se tomara en forma transparente, contrato por contrato, posición que también fue avalada por el jefe de la facción democristiana, Orle Solís.

Puntos discordantes

En la sesión de ayer compareció una representación de la Coalición Patriótica para que expusiera ante el pleno sus argumentos de oposición a la firma de estos contratos y el gerente de la ENEE, Roberto Martínez, para sostener la defensa de los mismos.

El debate entre la CPS y la ENEE se centró en el precio del kilovatio hora, pues las organizaciones de la sociedad civil sostienen que en Guatemala, El Salvador y Costa Rica se licitó la compra de energía renovable a precios más bajos.

Otro cuestionamiento es el período de concesiones (30 años) y el hecho de que en esta licitación se repartieron el 30 por ciento de los proyectos generadores y que el 70 por ciento restante queda en manos de los inversionistas de las compañías térmicas. El gerente de la ENEE, Martínez Lozano, defendió la licitación que comenzó en el gobierno anterior y que concluyó en su gestión, arguyendo que si bien la licitación contiene algunos defectos, la misma es beneficiosa para el país.

Más que una defensa con argumentos técnicos, el gerente de la ENEE lo que hizo fue pronunciar un discurso cuyo objeto fue llamar la atención de los diputados a no dejarse influenciar por la oposición "improductiva" de sectores como el de la Coalición Patriótica.

Y es que la coordinadora de la Coalición, Juliette Handal, pidió al pleno abstenerse de aprobar dichos contratos porque representaban una pérdida de 1,600 millones de lempiras para el Estado de Honduras e iban a producir problemas sociales porque su construcción no fue socializada en la mayoría de las comunidades.

Especificaciones

El diputado José María Martínez, presidente de la Comisión de Energía y Combustible, hizo una presentación ante el pleno de un resumen ejecutivo de la distribución de tales contratos.

De acuerdo con la explicación, de los 47 contratos el 90 por ciento son de generación hidroeléctrica, con un término de 30 años; el 4 por ciento de biomasa y cogeneración con una duración de 20 años y un 2 por ciento de generación geotérmica con un período de 30 años.

De acuerdo con la distribución, siete proyectos se ejecutarán en Atlántida con una potencia de 64.2 megavatios; seis en Santa Bárbara con 58.12 megavatios; cinco en Cortés, donde generarán 228.2 megavatios y cinco en Colón, donde producirán 45.3 megavatios. En el listado aparecen cuatro proyectos en Francisco Morazán (8.3 megavatios); Olancho (27.2 megavatios); tres en Copán (46.25 megavatios); Intibucá (36.9 megavatios); dos en Comayagua (15.8 megavatios); La Paz (11.3 megavatios); Ocotepeque (4.9 megavatios); Yoro (40.1 megavatios) y uno en Choluteca (14.5 megavatios).

Proyectos generarán ahorro y empleo

Según la comisión de dictamen, con la puesta en ejecución de estos proyectos, el Estado de Honduras tendrá un ahorro de 300 millones de dólares anuales que actualmente se consumen con la importación de combustibles para la generación de energía térmica.

Un ahorro inmediato en los costos de adquisición de energía por parte de la ENEE, que actualmente paga un rango de entre 19 y 26 centavos de dólar por kilovatio.

Con los proyectos de energía renovable se pagará un rango de 9 a 11 centavos, es decir, una reducción en el costo de más de 50 por ciento. Con la construcción de las plantas de generación se estima que habrá una inversión aproximada de 2,148 millones de dólares en seis años (40,876 millones de lempiras), se crearán 25,000 empleos directos y 75,000 indirectos.

La Coalición Patriótica asegura que los precios de la licitación son más elevados que los logrados en países como Guatemala, El Salvador y Costa Rica.