Socializan propuesta de salario mínimo

Las centrales obreras socializarán este viernes una propuesta gubernamental sobre el incremento del salario mínimo, informó este viernes Daniel Durón, secretario general de la Central General de Trabajadores de Honduras (CGTH).

Los representantes de las organizaciones de trabajadores hondureñas se reunieron anoche con el presidente Porfirio Lobo Sosa, con quien abordaron diferentes temas, entre los que se encuentra la aprobación del nuevo salario mínimo, decisión que lleva ocho meses en el tintero sin definir una posición oficial hasta el momento.

Los empresarios y los líderes obreros no lograron un acuerdo después de varias semanas de discusión, ya que la propuesta de la clase trabajadora excedía las expectativas del sector privado cuyos representantes se declararon en crisis por la situación política vivida desde junio del año pasado.

Los obreros exigen un porcentaje de incremento al salario mínimo, pero los expertos del gobierno pidieron una tregua porque el costo financiero que esto supondría al Estado es elevadísimo, pues junto al salario mínimo van indexados los aumentos al salario mensual de los maestros y médicos que se llevan la mayor parte del presupuesto asignado a emolumentos en el sector oficial.

Ahora los miembros de las centrales obreras han encendido las alarmas, anunciando movilizaciones para hoy, pero después de la reunión de anoche con el mandatario la medida de presión se pospondría para la próxima semana si no se logra un acuerdo.

El gobierno había propuesto un bono de compensación, ya que se declara incompetente para poder cumplir con cualquier aumento al salario laboral.

Sin embargo, los trabajadores y los empresarios se mostraron en desacuerdo con la medida que propone el Estado.

El ex presidente Manuel Zelaya Rosales aprobó en 2009 un incremento al salario mínimo de 3,440 a 5,500 lempiras, lo que supuso una fuerte carga financiera para el sector público y privado. Esta decisión provocó un incremento al índice de desempleo y la desobediencia del más de 70 por ciento de las empresas que argumentaron no contar con los recursos necesarios para cumplir con la orden estatal.