Padres y escolares logran abrir portones de escuelas

La tolerancia llegó a su límite.

Los padres y madres de familia, cansados de solicitar la presencia de maestros en las aulas de clases, decidieron abrir los portones de algunos centros educativos de la capital que mantienen secuestrados los dirigentes magisteriales.

Para evitar enfrentamiento con dirigentes que no quieren trabajar, se hicieron acompañar de elementos de la Policía Nacional, quienes se encargaron de velar por la seguridad de las personas y de los bienes de los centros educativos.

En la escuela 19 de Septiembre, ubicada en la colonia del mismo nombre, la algarabía se apoderó de niños y padres de familia.

Saltaban y gritaban a una sola voz: queremos clases, queremos clases.

Mercedes Saravia, presidenta de la Asociación de Padres de Familia Volvamos a Clases, destacó que el clamor generalizado es de rechazo a las acciones fácticas de la dirigencia magisterial.

Condena

El ministro de Educación, Alejandro Ventura, es del criterio que las escuelas y colegios son instituciones públicas por lo que ningún director o maestro les puede poner candado.

Con eso están condenando a los maestros que quieren dar clases al igual que a los alumnos que quieren recibir el pan del saber.

"No pongan en riesgo el año escolar. Los padres de familia andan pidiendo clases para sus hijos", dijo el funcionario.

Según Ventura, los dirigentes no deben coaccionar a los maestros a mantener suspendidas sus labores.

"Los dirigentes deben dejar que los maestros que quieran dar clases lo hagan y los que no, que se mantengan en huelga", dijo, a fin de evidenciar si el movimiento tiene o no respaldo popular.

Los que se mantienen en huelga, advirtió, ponen en riesgo su estabilidad laboral.

Ventura aseguró que todos los dirigentes magisteriales tienen licencia con goce de sueldo.

Además de eso, cada colegio les da un plus de 15 mil lempiras mensuales, por lo que los dirigentes no tienen ningún problema, contrario a los maestros que sí tienen la obligación de estar en el aula porque no tienen permiso para andar en las calles.

Por su parte, Edwin Oliva, presidente del Colegio Profesional de Superación Magisterial (Colprosumah), es del criterio que el magisterio no está enfrentado con los padres de familia. "Los padres de familia están con el magisterio", dijo.

Según este dirigente, los padres de familia de los más de dos millones de niños apoyan las medidas que van en contra de los intereses de sus hijos.

Oliva calificó ayer como un insulto que se les pida regresar a clases. A su juicio, mucho hicieron los maestros con dar clases durante siete meses, bajo falsas promesas del gobierno.

Cabe destacar que ni una demanda del magisterio, en la actual crisis, beneficia directamente a la niñez.

Para el caso, los maestros no han exigido el nombramiento de más maestros, apertura de escuela o reparación de centros escolares deteriorados.

El dirigente aseguró que no fueron los maestros los que rompieron el diálogo, sino la comisión del gobierno que se declaró incompetente porque no tenían plenos poderes de negociación. Entre las demandas de los maestros están pago total de la deuda que el gobierno tiene con el Inprema. Según lo informado, unos 1,700 millones de lempiras fueron saqueados del instituto durante el gobierno de Manuel Zelaya.

Además, piden incremento retroactivo al salario mínimo, que se mantenga el bono de 12,000 al año por maestro, bajo el concepto de "calidad educativa".

Asimismo, demandan parar el proyecto de socialización de ley de Educación pagos totales de salarios atrasados desde el 2009, pagos totales de calificaciones académicas, colaterales, frontera, quinquenios, cargos directivos, zonajes y categoría, aprobación de manual de puestos y salarios, devolución total de las deducciones, separación de los funcionarios de educación, entre otros. La Fiscalía de Derechos Humanos, Sandra Ponce, avaló la decisión de las autoridades de Educación de aplicar una deducción de salarios a maestros por días no trabajados al encontrarse en huelga.

"El abandono injustificado del puesto de trabajo es una infracción al ordenamiento jurídico que da lugar a la promoción de responsabilidades administrativas y disciplinarias", expresó Ponce.