Requerimiento fiscal por abuso en Proheco

La Fiscalía de las Etnias presentó ayer un requerimiento fiscal contra Yuny Patricia Goldberg Cálix, coordinadora general del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco), por suponerla responsable del delito de abuso de autoridad.

A mediados de junio, EL HERALDO denunció que los políticos confabulados con las autoridades de Proheco estaban asaltando las escuelas de este programa, al mismo tiempo que usurpaban las obligaciones de las Asociaciones Educativas Comunitarias (Aeco).

Amparada en el decreto legislativo 4-2010, el 16 de abril recién pasado, Goldberg Cálix ordenó a los coordinadores departamentales de Proheco cancelar los contratos que los maestros habían suscrito con las Aeco, violentando así la reglamentación de estas organizaciones.

La orden de Goldberg Cálix abrió el espacio para que diputados, alcaldes y regidores, en contubernio con las autoridades de Proheco, atropellaran a los padres de familia y despidieran a los maestros para colocar activistas políticos. Al no soportar tantos atropellos, muchas comunidades indígenas, principalmente de Lempira, Intibucá y El Paraíso, interpusieron denuncias ante la Fiscalía de las Etnias.

Después de documentar varios casos, el fiscal Milson Salgado acudió a los Juzgados de Letras de lo Penal de Tegucigalpa a presentar requerimiento contra Goldberg Cálix por suponerla responsable a título de autora del delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública y de varias comunidades indígenas.

"La investigación realizada por la Fiscalía constató que este memorando emitido por la coordinadora es ilegal, pues la cancelación de los contratos de los maestros con las Aeco dio base para un proceso de desestabilización de las comunidades, puesto que las cancelaciones de los maestros se produjeron previo a la desintegración de las juntas directivas (Aeco), sin contar con la aprobación de la asamblea general, con el propósito de nombrar personal de su conveniencia, vulnerando de forma unilateral la voluntad comunitaria expresada en el nombramiento de los maestros dentro del contexto legal", dice el escrito presentado. La fiscalía pidió citar a la imputada, que se le tome declaración y se le decreten medidas cautelares, con la prohibición de salir del país, de presentarse periódicamente al despacho judicial, así como que se señale la fecha y hora para la audiencia inicial.

Auto de prisión

Aparte de la acción emprendida contra Goldberg Cálix, la Fiscalía de las Etnias logró recientemente que el Juzgado de Letras Segundo de Intibucá le decretara auto de prisión a Rómulo Reyes Martínez, alcalde del municipio de San Miguelito, por el delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública.