Fuera empresas cuestionadas

La discusión en primer debate de los 46 contratos de suministro de energía renovable ha puesto al descubierto que muchas de las empresas ganadoras de la licitación no cuentan con licencias ambientales o las tienen "pandas", o sea con firmas falsificadas.

El Congreso Nacional inició el jueves anterior la aprobación de 46 contratos empaquetados en un solo decreto, dejando en libertad de los diputados debatir artículo por artículo, lo que permitirá dejar en suspenso la aprobación de cualquiera de los contratos.

De momento, el dictamen objeto de aprobación ya dejó por fuera el contrato de suministro 088-2010, suscrito el 8 de junio del año en curso, entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y la Empresa Hydro Honduras S.A.

Dicha empresa vendería a la ENEE toda la potencia y energía mensual generadas por la planta hidroeléctrica Cangrejal, ubicada en el municipio de La Ceiba, Atlántida, con una capacidad instalada total de cuarenta mil kilovatios (40,000 KW).

Dicho contrato, de momento, quedó fuera del paquete debido a que entre los planes de la compañía está entubar gran parte del cauce del río Cangrejal, algo impermisible porque lo prohíbe la ley y porque además causaría un conflicto social con las comunidades, explicó a EL HERALDO uno de los diputados dictaminadores.

Las denuncias

Por otra parte, los denominados por la resistencia como "diputados golpistas de UD" presentaron varias denuncias de comunidades sobre problemas con operadores de los proyectos de energía.

Para el caso, vecinos de Esparta, San Francisco, La Masica y otros municipios del departamento de Atlántida, agrupados en la Red para la Defensa de los Recursos Naturales, manifestaron en una carta dirigida a la cámara legislativa que no se oponen a la generación de energía limpia, pero que no están de acuerdo con el concesionamiento de los ríos en esa región del Caribe.

Asimismo, denunciaron la amenaza de quedarse sin recursos naturales, sobre todo porque ocho ríos han sido concesionados hasta por 30 años para la construcción de represas hidroeléctricas.

Ante los cuestionamientos, el vicepresidente del CN, Ramón Velásquez Názar, dijo que es oportuno escuchar estas denuncias porque al parecer algunos de estos proyectos no fueron lo suficientemente socializados.

En consecuencia, dijo que un mecanismo sería suspender la discusión y aprobación de aquellos contratos que no han sido 100 por ciento socializados o aquellos que enfrentan problemas legales como la falta de requisitos ambientales o son investigadas en la fiscalía por haber obtenido licencias con firmas falsificadas.

Sergio Castellanos, a quien los miembros de resistencia tildan de "golpista y vendepatria", presentó documentos en la cámara que revelan casos donde los empresarios utilizaron las firmas que algunos vecinos estamparon para otros eventos y que ahora pretenden hacer creer que con las mismas avalan los proyectos de energía que han sido socializados en la zona y con los que la población no está de acuerdo.

"Estamos preocupados porque la represa en el río San Juan ya inició y sin haberse hecho el estudio de impacto ambiental, según sabemos, van a romper un cerro con un túnel de kilómetro y medio", manifiesta, en una carta a los diputados Marcos Ayala, el cura párroco de la iglesia San Juan Bautista de San Juan Pueblo, Tela, Atlántida. Las 46 plantas generadoras de energía por métodos renovables producirán 655.23 megawatts.

Todos estos contratos fueron licitados y suscritos por el gobierno anterior y ratificados por el actual de Porfirio Lobo Sosa, se asegura, cumpliendo con las disposiciones de la Ley Marco del Subsector Eléctrico y siguiendo las bases de la licitación pública internacional No 100-1293-2009.

Previo a este primer debate, el pleno de diputados escuchó durante casi dos semanas los puntos de vista de diferentes sectores de la sociedad civil, Coalición Patriótica y Consejo Hondureño de la Empresa Privada.

De la misma manera se escuchó a los desarrolladores de los proyectos, alcaldes de varios municipios donde funcionarán las centrales generadoras, pobladores y consultores internacionales. Y finalmente los diputados y el pueblo en general, a través de los medios de comunicación, escucharon a los miembros del gabinete energético, gerencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente y al Comisionado Presidencial de Energía.