Presidente Lobo se aferra a frecuencia de canal 8

La asignación de la frecuencia de canal 8 al gobierno de Honduras por parte del Congreso Nacional levantó críticas este viernes por parte de varios sectores del país.

El Legislativo aprobó el jueves un decreto que establece que "en estricta aplicación del principio de prevalencia de los servicios públicos, se declaran reservados para uso exclusivo del Estado de Honduras en todo el territorio nacional los rangos de frecuencia 180-186 MHz (canal 8) y 506-512 (canal 20)".

Ante tal situación políticos, empresarios y comunicadores sociales se han manifestado en contra de la determinación, la que muchos han calificado como “expropiación” por parte del gobierno presidido por Porfirio Lobo Sosa.

Antecedentes

El empresario Elías Asfura había logrado hace unos años que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones le asignara la frecuencia, pero no llegó a usarla porque fue empleada por el canal estatal que puso en el aire el entonces presidente Manuel Zelaya.

El empresario acudió a la Corte Suprema, que le dio la razón, pero el canal 8 siguió en manos del gobierno hasta ahora.

Reacciones

Asfura dijo este viernes que “ayer fue un día triste y oscuro para el país, que por el capricho y soberbia de un presidente se pasó un decreto que atenta contra la seguridad jurídica del país”.

Aprovechó su comunicación a medios radiales para cuestionar a Lobo Sosa por su gestión como presidente de la República y por sus acciones durante fungió como titular del Congreso Nacional (2002-2006).

Mientras, el presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, justificó que "el Estado de Honduras debe tener un mecanismo de divulgación de contactos con la ciudadanía en la medida que le permite, en épocas de emergencia, en épocas normales, poder transmitir lo que pasa en el gobierno".

Líderes empresariales también se manifestaron en contra de la medida.

El Colegio de Periodistas de Honduras emitió este viernes un comunicado mediante el cual protesta por las acciones del Ejecutivo y Legislativo, exteriorizando su preocupación por la libertad de prensa en el país.

Habla Lobo Sosa

El presidente Porfirio Lobo respondió a las críticas de los diferentes sectores, diciendo que “no sé cómo (Elias Asfura) logró que un juez le asignara canales y le quitara el único canal al Estado”. Expresó que con la acción del Congreso “no le estamos quitando el canal a nadie”.

Consultado sobre si se está mandando una señal negativa al mundo, Lobo expresó que la única señal que se está dando es “que el Estado está haciendo prevalecer su derecho, pues el Estado representa al pueblo”.

Dijo hacerle una llamado a algunos compatriotas a “alejarse de la voracidad, ya que eso es lo que nos tiene sumidos en la problemática que tenemos, que sean solidarios con los demás”.

El mandatario negó parecerse al ex presidente Manuel Zelaya por su manera de proceder al frente de la titularidad del Poder Ejecutivo.

Parlamentario en contra

El nacionalista Francisco Rivera manifestó en torno a esta adjudicación que "los tribunales de justicia se pronunciaron en torno al tema de canal 8 y el problema sigue, ¿hasta dónde vamos a llegar? Debemos solucionarlo de manera salomónica, sin perjudicar a nadie", expresó el congresista. El democristiano Ramón Velásquez señaló que esta decisión está mandando un mal mensaje a la inversión y a la propiedad privada.

Dejar un canal en manos de la televisión del estado "es como que se diga que al Estado le gusta la casa de Ramón Velásquez porque vive en Valle de Ángeles y serviría para los turistas, y que me darán otra, eso no es correcto".

Por su parte, el democristiano Augusto Cruz Asencio manifestó que lo adoptado por el Congreso "es una expropiación y pone en riesgo la seguridad de quienes invierten y quieren invertir en el país. Estamos creando un problema innecesario", advirtió.

Al estilo de Hugo Chávez

German Leizelar, diputado del PINU, advirtió sobre el mal precedente en el sentido de que si viene otro gobierno y le gusta otro canal se lo podrá expropiar. Leitzelar arguyó que "cuando se otorga una concesión debe respetarse, los tribunales de justicia deben dilucidar los problemas y si hay una sentencia hay que respetarla", dijo en relación a que la Corte de lo Contencioso Administrativo ya dio un veredicto a favor de una de las partes.

"Lo grave es que para solicitar que me adjudiquen un canal, si el Estado lo quiere en el proceso me lo quita, entonces esto es grave para la seguridad jurídica, este es un riesgo que se corre para que quien quiera invertir. Es una acción arbitraria y autoritaria", subrayó Leitzelar. Mario Rivera expuso que el Congreso está cometiendo una terrible equivocación y eso se paga, más cuando la frecuencia ya fue adjudicada.

"Nos han venido a meter a un lío que ya resolvió la Corte Suprema de Justicia, estos decretos parecen hechos en Venezuela y la firma parece de Hugo Chávez", dijo el congresista.