Revelan jugosos sueldos de ex funcionarios

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) envió este martes un informe al Ministerio Público (MP) para que se inicie un proceso legal en contra del ex director y ex sub director del Instituto Nacional Agrario (INA), según trascendió este martes en la radio capitalina HRN.

José Francisco Fúnez y Marco Tulio Cartagena, ex director y subdirector respectivamente, fueron funcionarios durante la administración del ex presidente Manuel Zelaya Rosales desde el 27 de enero del 2006 hasta junio del 2009.

Fúnez asumió su cargo devengando un sueldo mensual de 40 mil lempiras y Cartagena de 34 mil lempiras, según el Acuerdo Ejecutivo que se dio a conocer.

Sin embargo, en mayo de ese mismo año ambos funcionarios se aprobaron un jugoso incremento salarial, el primero de 40 mil lempiras y el segundo de 36 mil.

Es decir que el ex director José Francisco Fúnez comenzó a devengar de 40 a 80 mil lempiras mensuales y Marco Tulio Cartagena de 34 a 70 mil lempiras mensuales.

No obstante, la Ley de Racionalización de las Finanzas Públicas establece que ningún servidor público nombrado mediante acuerdo o por contrato, pagado con fondos nacionales o externos podrá devengar en concepto de sueldos un monto superior a los 60 mil lempiras mensuales.

Los funcionarios que contravengan esta disposición deben restituir al Estado el doble de los montos autorizados, pagados o recibidos en exceso del límite fijado.

En congruencia con lo anterior, las disposiciones generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República aplicables al 2006, establece que los salarios de los empleados y funcionarios deben ser menores a los 60 mil lempiras mensuales.

En las conclusiones que presenta el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) dice que como resultado de la investigación realizada y el análisis de la documentación presentada se concluye que el salario devengado por el director y el ex director del INA excede el monto del sueldo autorizado por la Ley de la Racionalización de las Finanzas Públicas.

Se envía toda esta documentación al Ministerio Público, específicamente a la Fiscalía contra la Corrupción para que se haga las deducciones pertinentes, y determinar las acciones que se seguirá en contra de ambos ex funcionarios.