La decisión es inconstitucional

El Congreso Nacional violó la Constitución de la República al despojar a la empresa Televisión Universal, Sociedad Anónima (Teleunsa) de la frecuencia de canal 8 para adjudicársela al Estado, declaró el diputado nacionalista Oswaldo Ramos Soto.

El congresista, ex rector universitario y especialista en derecho constitucional, advierte que los diputados que aprobaron el decreto por el cual se le quita la frecuencia a la citada empresa televisora "incurrieron en responsabilidad, incluso, penal".

Según Ramos Soto, en entrevista con EL HERALDO, el CN no tiene atribuciones para decidir en un conflicto de intereses entre un particular y el Estado, porque esto es una competencia de la Corte Suprema de Justicia.

¿Qué piensa sobre la decisión tomada por el Congreso Nacional? Esa decisión del Congreso es inconstitucional a todas luces y el particular perjudicado puede ocurrir a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y estoy seguro de que, sin tocar tablita, esta Sala va a decidir que se violó la Constitución de la República, porque el Congreso no tiene facultades para otorgar o cancelar frecuencias. Con este tipo de abusos y excesos, los diputados estamos incurriendo en responsabilidad, incluso, penal.

¿Sin embargo, el decreto fue modificado para evitar eso que usted está planteando, según los auspiciadores de la iniciativa?

Mire, aquí lo que ha pasado es que los promotores de esta aberración salieron de un fangal y se metieron a un pantano lleno de detritos, porque lo procedente es que el Poder Ejecutivo ordenara a Conatel que haga dicha migración y así resuelve su problema.

¿ A qué atribuye usted que en vez de proceder por la vía de Conatel, el Ejecutivo recurre al Congreso?

Lo que refleja es una actitud egoísta y hasta cierto punto revanchista de parte del Poder Ejecutivo porque el particular, entiendo, ha hecho fuertes erogaciones de dinero para poner en marcha ese canal. Entonces más fácil hubiese sido que el gobierno instruyera a Conatel a efectuar la migración o, en su defecto, desistiera de esa frecuencia para no tener problemas ni meter en problemas a los diputados.

A su juicio, ¿cuál es la interpretación legal que debe dársele a esta decisión del Congreso?

El jueves de la semana pasada se introdujo una iniciativa del poder Ejecutivo tendiente a cancelar la frecuencia del espectro radioeléctrico que el estado, a través de una sentencia judicial, le otorgó a un particular.

El particular tuvo problemas con el ente regulador, que es Conatel, durante la administración del presidente Manuel Zelaya Rosales, y las leyes de Honduras establecen que cuando hay un conflicto entre el estado y un particular la vía expedita para la solución es el tribunal de lo Contencioso Administrativo.

¿Qué paso en el tribunal de lo Contencioso?

Pues bien, el particular cuando entra en choque con el Estado, representado por el ente regulador Conatel, recurre al juzgado de lo Contencioso Administrativo. Este tribunal emite una sentencia otorgándole la licencia al particular, resolviendo de esta manera el conflicto.

El Estado, representado por el poder Ejecutivo, ocurre a esa decisión ante el tribunal de alzada, que ratifica la decisión del Tribunal de lo Contencioso, entonces el gobierno acude a un recurso extraordinario que se llama casación y conoce del mismo la Sala de lo Laboral y de lo Contencioso Administrativo, la que declara sin lugar ese recurso, o sea que queda en firme la sentencia de la Corte de Apelaciones del Juzgado de Letras; entonces no es que un juzgado le está otorgando la frecuencia a un particular, sino que está arbitrando un conflicto entre el Estado representado por Conatel y un particular.

¿Es correcto que el Ejecutivo al perder ese caso recurra al Congreso?

Es improcedente. Sorpresivamente, se está recurriendo al Congreso Nacional, cuyas 45 atribuciones están en el artículo 305, como las 45 atribuciones del Poder Ejecutivo están en el artículo 245 y en el 313 las 14 atribuciones del Poder Judicial.

Si se analizan las atribuciones del CN, no hay ninguna que le permita autorizar o cancelar frecuencias del espectro radioeléctrico, porque estas atribuciones las desarrolla el Poder Ejecutivo a través de Conatel.

¿Qué procede después de la ratificación del cuestionado decreto?

Que la parte afectada puede acudir a interponer un recurso de inconstitucionalidad para que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie, o bien declarando derogada tal disposición o ratificando la ilegalidad cometida por el Congreso.

¿Qué mensaje está mandando el gobierno con estas actitudes?

Está mandando un mensaje de inseguridad jurídica. Usted sabe que uno de los aspectos fundamentales que persigue el derecho es la justicia, la preservación de la paz y la seguridad jurídica. Quién va a venir a invertir a un país donde no hay seguridad jurídica, donde las sentencias judiciales pueden ser cambiadas de manera irrespetuosa por otro poder del Estado, atentando contra la Constitución de la República y el estado de derecho. Son mensajes muy malos, sobre todo en este momento en que necesitamos inversión para generar trabajo.