PGR reconoció legalidad de frecuencia para Teleunsa

La Procuraduría General de la República (PGR), representante legal del Estado, reconoció que la frecuencia del canal 8 otorgada por sentencia judicial a Teleunsa, es legal.

En el expediente No. 309-06 que sobre el caso maneja el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo, la procuradora Ethel Deras, presentó una manifestación con relación a la ejecución de la sentencia.

En el escrito, la PGR solicitó al tribunal una ampliación del plazo para ejecutar la sentencia, para dar tiempo a la Televisión Nacional de Honduras, que se transmitía por el canal 8, a operar en otra frecuencia a fin de ultimar los detalles del traslado, se informó en Proceso Digital.

"En ningún momento se pretende eludir el cumplimiento del mandato contenido en la sentencia definitiva de fecha 15 de mayo de 2007, por el contrario, el Estado de Honduras, es quien da ejemplo demostrando ante todos sus administrados que es fiel cumplidor de las decisiones judiciales, siendo incontables las sentencias definitivas condenatorias contra el Estado de Honduras que han sido ejecutadas, pero sí, repito, las circunstancias que he mencionado conforme lo señalan en sus informes de Televisión Nacional de Honduras, requieren que esta representación del Estado de Honduras formule esta petición de ampliación del plazo prudencialmente calculado en nueve meses, según informaron a esta representación los directivos de Televisión Nacional de Honduras (TNH) y para que continúe transmitiendo tomando en todo caso en consideración el dictamen de los técnicos especializados de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones que para tal efecto, usted señor juez podría solicitar", señala en una de sus partes el escrito presentado por la procuradora el 21 de febrero de 2010.

Bajo este argumento, la procuradora Deras, al reconocer la frecuencia de canal 8 a Teleunsa, pide al juez "que señale el término que sería necesario para que Televisión Nacional de Honduras (TNH) pueda operar en cualquier otra frecuencia o que se le permita adoptar decisiones que en el marco estricto de la Constitución, la ley y el debido proceso le sean permitidas para la sana gestión de los negocios públicos".