Compras fantasmas en Cohcit por 40 millones

Miles de alumnos de instituciones educativas públicas del país se han de preguntar por qué no cuentan con mobiliario adecuado para recibir clases.

Lo que menos han de creer es que detrás de estas deficiencias estaba escondido un escándalo de corrupción.

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) concluyó un informe, al que tuvo acceso EL HERALDO, en el cual se revela un despilfarro de 40.7 millones de lempiras destinados para comprar mobiliario escolar, que en ningún momento recibió el Estado.

El acto de corrupción se cometió en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, según el Informe Especial No 004/2009-DASEF-COHCIT-P. Lea el documento.

La investigación la practicó el TSC al Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología (Cohcit), período enero 2006 a marzo de 2009, sobre el pago total del contrato de adquisición del mobiliario para equipar las aulas tecnológicas del Proyecto Aprende, sin haber recibido los bienes.

Según los antecedentes, el 10 de febrero de 2009, el Departamento de Auditoría del Sector Económico y Finanzas, del TSC recibió la denuncia No. 0801-09-013 en contra Myriam Mejía, entonces ministra comisionada del Cohcit.

La denuncia estaba relacionada a la contratación de personal irregular, uso indebido de los vehículos y bienes del Estado, irregularidades en licitaciones, gastos excesivos en combustible, excesiva asignación de viáticos y gastos de viaje, viajes sin misión justificada a personas que no le corresponden por el puesto que desempeñan, entre otras.

Hallazgos

En su investigación, el TSC detectó hechos constitutivos de responsabilidad penal.

"Como producto de nuestra revisión y del análisis de la documentación de soporte relacionada con las operaciones de la institución, se determinaron hechos que contravienen algunas disposiciones legales, así como deficiencias de control interno, que son reportadas en este primer informe, relacionadas con la licitación para la adquisición del mobiliario para las aulas tecnológicas", cita el informe.

La licitación la promovió el Cohcit para la compra de mobiliario a ser utilizado en el Proyecto Aprende. Dicho proyecto se creó para beneficiar un listado de centros educativos enlazados en una red de Internet, ubicados fuera de áreas urbanas de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, La Lima, Tela, La Ceiba, El Progreso, Olanchito, Puerto Cortés, Siguatepeque, Comayagua, Choluteca, Juticalpa, Nacaome y San Lorenzo, entre otros.

Fue el 27 de agosto de 2008 cuando se invitó a las empresas distribuidoras de mobiliario a optar a la dotación de 17,022 muebles para computadoras, 2,586 muebles para servidores e impresoras y 34,044 sillas fijas.

De las tres compañías que participaron en la licitación, la empresa Industrias Velfors presentó la oferta más baja, consistente en 40,757,552 lempiras. Como resultado de la investigación realizada y el análisis de la documentación presentada, el TSC estableció sus conclusiones.

"El administrador del proyecto Aprende, señor Chester Sánchez, gestionó el pago de la totalidad del Contrato No. 002/Proyecto @prende "Adquisición de Mobiliario Aulas Tecnológicas", mediante la emisión de la forma 01, sin indicar que no había recibido los bienes y tampoco solicitar la no priorización del pago, asimismo la señora Myriam Elizabeth Mejía Sánchez, ministra Comisionada del Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología (Cohcit) permitió efectuar el pago al proveedor, sin asegurarse de que los bienes no habían sido recibidos", establece el informe del TSC.

En segundo lugar, "el representante legal de la empresa Industrias Velfors, S de R L, señor German Edgardo Velásquez Flores, recibió el pago total del contrato, presentando facturas y recibos, sin haber entregado ni distribuido el mobiliario en los centros educativos, según se había convenido en el contrato", concluye.

Responsabilidades

Por lo anteriormente expuesto, el TSC deduce que existe responsabilidad penal en esta operación. En consecuencia, el informe fue remitido al Ministerio Público con nota de remisión firmada por el presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía.

"En cumplimiento de las normas vigentes en el Tribunal Superior de Cuentas, se remite este informe para proceder a realizar las acciones que fueren procedentes derivado del análisis realizado a la documentación presentada y se informe al Tribunal Superior de Cuentas de las acciones correspondientes", recomienda el TSC.

"Existen indicios de responsabilidad penal, opinión que de ser compartida con esa Fiscalía, provocará que esa dependencia entable la acción penal correspondiente ante los Tribunales de Justicia respectivos", precisó Mejía.