Honduras
El caso Omoa y Gas del Caribe ha repercutido en las altas esferas de Estados Unidos, donde las organizaciones ambientalistas de la sociedad civil se han dirigido a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, denunciando la situación de peligro en que viven cerca de nueve mil personas por la presencia de la compañía.
Una copia de la carta fue remitida a todos los subsecretarios de Estado, el Buró del presidente Obama para las políticas comerciales; al presidente Porfirio Lobo, al titular del CN, Juan Hernández; al canciller Mario Canahuati y a los embajadores de Estados Unidos y de México, acreditados en Tegucigalpa.
En la misiva se hace un recuento del proceso de lucha por la reubicación de la empresa, los dictámenes oficializados por la Serna, los emitidos por tres comisiones interinstitucionales y por el Congreso Nacional.
Las organizaciones expresan a Clinton que "el cierre o la reubicación de Gas del Caribe representa un test de la capacidad institucional de Honduras de imponer el imperio de la ley".
Cuestionan que "en lugar de contestar las acusaciones que han sido interpuestas en su contra, a través de la Secretaría de Asuntos Ambientales del CAFTA-DR, el gobierno de Honduras ha nombrado un comité técnico, que ha declarado no poder tomar una decisión hasta tener un dictamen definitivo de ello", pese a que varias comisiones interinstitucionales se han pronunciado por la reubicación.
Massimo Parisi, coordinador de la Gran Alianza por Omoa, dijo que "se trata de un pretexto, porque la decisión de reubicar ya ha sido tomada una y otra vez".
Cuestionó que el viceministro Jonathan Laínez se ha parcializado, anticipando cualquier resolución independiente y amonestando que, en el futuro, el pueblo de Omoa tendrá que aprender a convivir con la terminal.