TSC revela corrupción en contratación estatal

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) encontró serias irregularidades en la ejecución de varias obras contratadas por el Estado hondureño, según reveló un informe difundido este jueves.

En el documento se evidencia la corrupción gubernamental, aún a costa de la vida de muchas personas, dejando en claro la irresponsabilidad y la malversación de los dineros públicos sin ninguna consideración.

Se menciona a la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), que contrató de emergencia a una empresa para construir el puente sobre el río Humuya, en el municipio de Santa Rita, Yoro, que fue levantado durante el gobierno interino de Roberto Micheletti Baín. En marzo del 2009, meses antes, murieron cinco personas cuando un bus lleno de excursionistas cayó por esta obra de infraestructura.

Sin embargo, la nueva obra se cayó a los 14 días después de finalizada, sin que ninguna de las partes respondiera el porqué de esta situación.

Ante estas anomalías, el TSC realizó una investigación y sus ingenieros determinaron, entre otras cosas, que se debió realizar más pruebas de concreto colado, ya que solo se practicaron dos ensayos.

"La estructura presentó un refuerzo inapropiado en la viga principal del puente, asimismo no se realizó una adecuada conexión entre la viga y la loza y no se ejecutó un 'artraje' adecuado entre las aproximaciones de la estructura", según se menciona en las conclusiones de las pesquisas realizadas por este ente contralor.

El puente sobre el río Humuya cayó el 28 de junio de 2009, el día que fue destituido el ex presidente Manuel Zelaya Rosales, una casualidad que demuestra el bajo control de calidad de la empresa Consulcreto, contratada bajo esa administración.

La obra tiene un valor de 18 millones de lempiras y una longitud de 240 metros lineales, fue edificado en una vieja estructura del ferrocarril nacional, contruido por la Tela Railroad Company en la década de 1960.

El documento resalta que el Estado pagó a Consulcreto 411,840 lempiras por la construcción de 31 metros lineales, a 13,200 lempiras el metro, que corresponden a la longitud total de las dos nuevas vigas de concreto que se edificaron desde su cimiento.

Seis semanas después de concluido se presentó una última estimación del proyecto, creando una nueva partida presupuestaria, en la que se especifica la recuperación de 72.94 metros que corresponden las vigas principales que son de metal y que ya existían en la estructura.

No obstante, estas vigas fueron facturadas por los mismos precios de una viga de concreto, es decir que para la recuperación y refacción de esta parte del puente, el Estado pagó por una propiedad que ya era suya y que ya estaba en pie. Solo en esto se fugaron de las arcas públicas 962,808 lempiras.