Honduras debe gastar más para proteger DDHH

Organizaciones pro derechos humanos denunciaron el lunes durante una audiencia pública de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos la incapacidad del estado hondureño para proteger a los beneficiarios de medidas cautelares relacionadas con el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya.

El estado hondureño ha brindado protección a cerca de 300 beneficiarios de esas medidas cautelares pero dos de ellos han sido asesinados, agregaron las organizaciones.

"La ineficacia del Estado en las medidas cautelares hacen que las víctimas desistan de pedir el beneficio porque quedan en mayor riesgo", dijo Marcia Aguiluz abogada de Cejil.

Este año han sido asesinados dos beneficiarios, tres han sufrido atentados, 35 han recibido amenazas de muerte, cinco han afectado a las familias y nueve han abandonado el país, explicó Aguiluz.

La CIDH ha concedido medidas cautelares para unas 300 personas que supuestamente han recibido amenazas de muerte y hostigamiento por la violencia política desatada tras el derrocamiento de Zelaya, en junio del 2009. A la audiencia acudieron tres organizaciones pro derechos humanos que dicen representar a 197 beneficiarios.

"No existe volutad del Estado para proteger y garantizar la integridad de los beneficiarios. Las acciones tomadas no han sido efectivas. El Estado parece querer dar apariencia de efectividad, pero estas diligencias no se traducen en mejores condiciones para los beneficiarios", dijo Kenia Oliva, abogada de Cofade.

El relator de la CIDH para Honduras Felipe González dijo entender que el cumplimiento de las medidas cautelares es oneroso para el Estado, "pero es una carga que el propio estado se pone al suscribir acuerdos internacionales y al continuar la situación de impunidad".

"Que descanse en dos personas la operatividad de las medidas cautelares, es a todas luces insuficiente dada la cantidad y la dispersión geográfica. El Estado necesita asignar los recursos que sean necesarios, dos personas son insuficientes", agregó.

Kelvin Aguirre respondió a nombre del estado hondureño que la unidad de derechos humanos que él integra tuvo dos mimebros cuando fue creada en marzo, pero actualmente cuenta con cinco.

"Hemos fortalecido la labor en las medidas cautelares con el nuevo gobierno del presidente Porfirio Lobo. Hemos consensuado un total de 253 medidas cautelares y quedan otras 88 por consensuar" dijo Aguirre sin precisar cuántas de esas medidas están relacionadas al derrocamiento de Zelaya.

Aguirre también señaló que la policía nacional gasta 22 millones de lempiras anuales para suministrar las medidas cautelares, "lo que equivale a 1,200,000 dólares. Es un gran costo".

La OEA expulsó a Honduras tras el derrocamiento del entonces presidente Manuel Zelaya en junio del 2009. Varios países miembros se oponen a que la nación centroamericana se reintegre al organismo, alegando que Tegucigalpa debe mejorar la protección a los derechos humanos y permitir el regreso de Zelaya, quien se encuentra exiliado en República Dominicana.

En los últimos dos años han sido asesinados 10 periodistas, 30 abogados y gran cantidad de empresarios y obreros, pero la mayor parte continúan sin esclarecer. El promedio de muertes violentas en Honduras se duplicó a 16,2 por día en el primer semestre del 2010, según estadísticas oficiales.